

De la Redacción
El Buen Tono
Córdoba.-Enero cerró como un inicio de año violento para la ciudadanía de Córdoba, marcado por señalamientos directos de abuso de autoridad, uso excesivo de la fuerza y prácticas intimidatorias por parte de corporaciones municipales.
Habitantes acusaron que tanto Tránsito como la Policía Municipal han buscado imponer su autoridad mediante la confrontación y no a través de la prevención, bajo el gobierno encabezado por Manuel Alonso Cerezo.
Los señalamientos apuntan directamente a Luis Ángel Vargas Miranda, comandante de la Policía Municipal, y a David Flores Cervantes, director de Tránsito Municipal, conocido como “El Gavilán”. La inconformidad social se reavivó este domingo, cuando elementos de la Policía Municipal y de la Policía Naval golpearon a un ciudadano a las afueras de los campos deportivos Huilangos, sin que se reportara resistencia. El hecho fue presenciado por vecinos y deportistas, quienes cuestionaron la brutalidad con la que actuaron los uniformados.Este episodio reforzó la percepción ciudadana de que la corporación policial opera con permisividad y sin controles internos, situación atribuida al mando operativo encabezado por Vargas Miranda, a quien se le señala por tolerar conductas agresivas y operativos basados en la intimidación, más que en protocolos de actuación.
En paralelo, Tránsito Municipal también acumuló señalamientos durante enero, luego de que ciudadanos y periodistas denunciaran un trato autoritario y confrontacional. Incluso, se presentó una queja formal ante la Contraloría Municipal contra David Flores Cervantes, sin que hasta ahora se conozcan resultados, lo que ha sido interpretado como una muestra de protección y posible corrupción política.
Para diversos sectores ciudadanos, la permanencia de ambos funcionarios confirma que la violencia institucional no es un error aislado, sino una consecuencia directa de decisiones tomadas desde el inicio del actual gobierno municipal, donde se ha optado por sostener perfiles señalados, mientras los abusos se repiten y la autoridad evade asumir responsabilidades, aplicar destituciones o reconocer errores.
