Alejandro Aguilar
El Buen Tono
Córdoba.- El ayuntamiento de Córdoba enfrenta un proceso inédito ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, con la petición P-1011-25 admitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 8 de mayo de 2025.
Según el portal oficial, el caso se encuentra en fase de “estudio inicial”, un trámite que revela serias limitaciones de transparencia: la plataforma reconoce que no incluye toda la documentación histórica y muestra correspondencia enviada, tras su reciente implementación. Esta opacidad técnica podría obstaculizar el escrutinio público sobre un expediente que apunta al poder local.
Manuel Molina Gómez, presidente del Centro de Investigación sobre Asociaciones Civiles (CIDIAC) y promotor de la demanda, sostiene que el caso expone una “violencia institucional” ejercida directamente por autoridades municipales, incluidos alcalde, síndico y regidores.
Enfatizó el carácter pionero de la acción: “Eso nunca se ha manejado de manera estructurada y es la primera vez. Podría ser un caso de estudio para los próximos años”. La estrategia jurídica busca responsabilizar individualmente a funcionarios por presuntas violaciones, rompiendo con la tradición de imputar únicamente al Estado mexicano.
El mecanismo de presión internacional descrito por Manuel Molina revela fisuras en la cadena de mando. De admitirse el caso, la Cancillería mexicana deberá solicitar informes a la gobernadora de Veracruz, quien a su vez exigirá explicaciones al municipio.
“Si se pueden subsanar, se subsanarán. En el caso de que no, se judicializarán”, advirtió el activista, señalando la posibilidad de que eventualmente se derive a la Corte Interamericana. Este proceso expone cómo disputas locales pueden escalar hasta instancias internacionales cuando existen vacíos en la rendición de cuentas.
