El Buen Tono
Sandra González
Orizaba.- La escritura con la que el ayuntamiento de Orizaba acredita la propiedad del Coliseo La Concordia se encuentra en el “limbo” jurídico, debido a que sobre el inmueble existe una hipoteca superior a los 40 millones de pesos y un ordenamiento federal que reconoce derechos preferentes a favor del acreedor, advirtió el abogado Miguel Hermenegildo Cortés, quien cuestionó la certeza legal con la que actualmente se ostenta el municipio como propietario
Explicó que, bajo el principio jurídico de “primero en tiempo, primero en derecho”, el acreedor Roberto Cruz Carrera tendría un derecho preferente sobre el inmueble mientras permanezca vigente la hipoteca y exista una resolución federal pendiente de cumplirse. En este escenario, dijo, el ayuntamiento no puede simplemente asumir que contar con una escritura resuelve el conflicto, pues la deuda tendría que ser cubierta o convenida con el acreedor para otorgar certeza jurídica a la propiedad.
Hermenegildo Cortés señaló que el ordenamiento federal debe ser acatado por el ayuntamiento y que, mientras no se resuelva la situación jurídica, la escritura municipal permanece cuestionada. Incluso, advirtió que de no atenderse la obligación, el acreedor podría iniciar un procedimiento para hacer efectivo su derecho sobre el inmueble, incluida una eventual dación en pago, dependiendo de lo que determine la autoridad judicial.
Como antecedente, recordó un caso similar ocurrido en Córdoba, donde existía una hipoteca y otra persona contaba con derechos sobre el inmueble. La salida fue alcanzar un convenio para cubrir la deuda con el banco y concretar una dación en pago, con lo que se extinguió el conflicto. Para el litigante, una solución de esta naturaleza pudo haberse buscado desde años atrás para evitar que el problema llegara a la actual situación.
El punto que permanece sin transparentarse, sostuvo, es cómo el ayuntamiento obtuvo y consolidó la escritura del Coliseo La Concordia pese a la existencia de una hipoteca con derechos preferentes. “Hay que ver cómo se hicieron de las escrituras de la Concordia”, planteó, al considerar indispensable revisar el origen y las condiciones bajo las cuales el municipio adquirió el documento que actualmente utiliza para acreditar la propiedad. Por ello, consideró que el actual alcalde, Hugo Chahín Kuri, debe explicar públicamente cuál es la situación jurídica real del inmueble, qué resolución federal está vigente, cuál es el monto de la obligación y qué acciones emprenderá el municipio. Más allá del discurso político, lo que se requiere son documentos y certeza jurídica.
En medio de esta controversia, el exalcalde Juan Manuel Diez Francos salió en defensa del Coliseo, asegurando que el inmueble “seguirá siendo de todos” y que al concluir la administración en 2029 continuará como parte de la ciudad. Sin embargo, no ofreció explicación sobre la hipoteca, el acreedor ni la resolución federal, y atribuyó las críticas a “ataques”, “envidias” e “intereses políticos” rumbo al proceso electoral de 2027.
La intervención es significativa porque Diez Francos ya no ocupa la Presidencia Municipal; corresponde a la actual administración de Chahín Kuri transparentar la situación legal. Al asumir la defensa del patrimonio y de decisiones de administraciones anteriores, el exalcalde proyecta una presencia que puede interpretarse como portavoz del gobierno actual, por encima de quien tiene la responsabilidad institucional.
El discurso desplaza el debate: mientras un abogado advierte sobre una hipoteca vigente y un ordenamiento federal, la respuesta se concentra en defender el “progreso” de Orizaba y señalar intereses políticos. El problema no se resuelve con discursos ni con anticipar que en 2029 el Coliseo seguirá siendo de la ciudad; se resuelve acreditando jurídicamente cómo se adquirió el inmueble, qué derechos subsisten y cómo se cumplirá la resolución federal. Mientras no exista una explicación documental, la escritura municipal continuará en entredicho.
