Adriana Estrada
El Buen Tono
Ixtaczoquitlán.- Pobladores de las comunidades de las riberas del río San Miguel, que colinda con Ixtaczoquitlán y Fortín de las Flores, despertaron ayer con la misma escena que a inicios de enero: el afluente, que horas antes se mostraba cristalino, amaneció teñido de negro, con manchas de contaminación que avanzaron corriente abajo.
Denunciaron que, pese a identificar en enero el punto del daño, y presentar quejas formales ante dependencias federales y estatales, la ausencia de sanciones permitió que el vertido de desechos se repitiera el jueves 26 de febrero.
El hallazgo reactivó la indignación ciudadana, pues el pasado 16 de enero, tan solo un día después de que la presión social obligara a localizar un ducto clandestino de descarga, el afluente mostró una mejoría significativa.
Debido a lo anterior, las autoridades anunciaron la recuperación del cauce; sin embargo, los ciudadanos descartaron que se tratara de un milagro ambiental, sino de una pausa estratégica.
Abusos
“La población no es tonta. En enero el agua bajó limpia porque la compañía responsable, al verse descubierta, detuvo temporalmente las descargas. Eso demostró que tienen el control absoluto del vertido”, expresaron.
Como se recordará, los ayuntamientos de Ixtaczoquitlán y Fortín, junto con grupos de pobladores, interpusieron denuncias formales ante instancias como la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema), la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA), y la Cofepris.
Exclusión
Pero, a 40 días de aquella primera detección, ninguna de estas dependencias emitió una respuesta oficial, sanción o medida preventiva contra los responsables, por lo que la falta de acción permitió que el punto contaminante permaneciera intacto y que, con el paso de las semanas, la atención mediática decayera.
Curiosamente, durante ese lapso, la reducción de contaminantes también favoreció una notable mejoría en manantiales de comunidades aledañas como Cuautlapan, lo que reforzó la sospecha de que los vertidos estaban siendo regulados a voluntad.
La recurrencia del evento evidencia que él o los responsables mantienen la capacidad de verter contaminantes sin que exista vigilancia efectiva ni consecuencias legales.
Ante este nuevo episodio, colectivos ambientalistas y ciudadanos volvieron a exigir a las autoridades federales y estatales que informen sobre el estatus de las denuncias presentadas desde enero, realicen inspecciones inmediatas en el punto de vertido identificado, apliquen sanciones ejemplares y medidas de reparación del daño, así como garanticen vigilancia permanente para evitar que la contaminación continúe de manera impune.
