Alejandro Aguilar
El Buen Tono
Córdoba, Ver. — Tras la revelación de que el Registro Civil municipal inscribió 95 nacimientos de madres menores de edad entre enero de 2025 y febrero de 2026, y de que el propio Ayuntamiento admitió por oficio que “no existe protocolo” para detectar violencia sexual ni canalizar los casos—, la asociación civil Equifonía hizo un llamado a las autoridades locales a cerrar los vacíos institucionales que mantienen desprotegidas a niñas y adolescentes víctimas de violación.
En entrevista, la socióloga fundadora de Equifonía, Karina Soto Zarasas, señaló que la problemática en Córdoba es grave y que las cifras conocidas, que superan el centenar de embarazos en menores en poco más de un año, reflejan solo “la punta del iceberg”. La activista destacó que el primer filtro para detectar posibles delitos sexuales es el propio Registro Civil, porque al registrar al recién nacido se pregunta la edad del padre.
“Si la edad del padre es un adulto, pues estamos ante la presencia de un delito, ¿no? Delito de pederastia”, afirmó Stosarasa. Enfatizó que no basta con tener la Ruta NAME para la prevención del embarazo infantil, sino que debe existir claridad en cada área sobre los pasos a seguir. “Deben instalar protocolos que tengan claros de cómo implementar la ruta, a quién deben avisarle, qué puertas se deben tocar y también a las puertas que toquen, qué deben hacer, a dónde tienen que ir”, explicó.
La especialista subrayó el papel central de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, una figura que, dijo, suele quedar desdibujada. “Es la encargada de hacer el diagnóstico, elaborar el plan de restitución y vigilar que se cumpla este plan de restitución en lo que tiene que ver con el acceso a la justicia, en lo que tiene que ver con el acceso a la salud”. Recordó que cuando una menor de edad acude a registrar a su hijo y se detecta violencia sexual, el oficial debe dar parte a la Procuraduría para que ésta acompañe a la víctima ante la Fiscalía.
También mencionó que la Secretaría de Salud está obligada a informar a la menor sobre su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo cuando éste es producto de una violación, y a dar parte tanto a Fiscalía como a Procuraduría.
Además señaló que en 2025, la Dirección General de Información en Salud reportó que en Córdoba fueron atendidas 25 niñas menores de 15 años, algunas de entre 7 y 14 años, por lesiones derivadas de violencia sexual. “Este número refleja solamente como bien lo señalaba la punta del iceberg, porque estas son las que están llegando para ser atendidas, pero están estas otras que no están llegando, y están estas otras que están llegando pero ya para tener un parto”.
