**Ayuntamiento se ampara en figuras legales para ocultar detalles
Alejandro Aguilar
EL BUEN TONO
Córdoba, Ver.- La administración de Manuel Alonso Cerezo acumula 15 investigaciones internas. El Órgano Interno de Control se niega a señalar áreas o funcionarios bajo el argumento de “secrecía” y “debido proceso”, replicando un patrón de opacidad que ya había sido documentado en marzo.
A cien días de la administración morenista de Manuel Alonso Cerezo, las quejas contra servidores públicos aumentaron 66 por ciento (%) en comparación con los primeros dos meses de gestión, al pasar de 9 a 15 expedientes abiertos en la Contraloría Municipal.
Sin embargo, cualquier intento por conocer detalles, como áreas involucradas, naturaleza de las faltas o estado procesal de las investigaciones, topa con un muro de reserva legal que el propio ayuntamiento utiliza para justificar la opacidad.
Quince expedientes en tres meses: El crecimiento de las denuncias
El 1 de marzo de 2026, este medio reportó que la Contraloría había abierto nueve investigaciones durante los primeros dos meses de la administración de Alonso Cerezo (iniciada en enero). Ahora, al cierre de la primera semana de abril, el número se elevó a quince, según el oficio OIC/JIRSP/0086/2026, firmado por el Jefe de Investigación de Responsabilidades de Servidores Públicos, César Morales Pérez, y fechado el 1 de abril de 2026.
El documento, entregado en respuesta a una solicitud de acceso a la información con folio 950546126000368, confirma que existen quince expedientes bajo la clave OIC/EPRA/INV/001/2026 al 015/2026. La administración comenzó el 1 de enero de 2026; al 1 de abril suman 90 días. En ese lapso, la Contraloría abrió un promedio de una queja cada seis días.
La estrategia de la reserva: Artículos legales como escudo
La nota periodística del 1 de marzo ya evidenciaba que la autoridad se negaba a detallar contra qué áreas o funcionarios iban dirigidas las quejas, argumentando “confidencialidad y reserva”. La respuesta del 1 de abril no solo mantiene ese criterio, sino que lo profundiza con un andamiaje legal que, aplicado de manera extensiva, impide cualquier rendición de cuentas.
