AGENCIA
Nacional.- Una investigación en curso ha destapado una presunta red de contrabando y corrupción que involucra a elementos de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar), funcionarios federales y empresarios, en un esquema que habría operado desde al menos 2023 en distintas regiones del país.
De acuerdo con los avances del expediente, la operación se centraba en el ingreso ilegal de combustible a territorio nacional, principalmente diésel, el cual era declarado falsamente como “aditivo químico” para evadir controles aduaneros e impuestos. Este mecanismo habría permitido el paso de al menos 14 buques, generando ganancias ilícitas por millones de pesos.
Las investigaciones señalan que la red operaba con apoyo de personal de aduanas, administración portuaria y otros funcionarios, quienes habrían facilitado el ingreso de los cargamentos mediante la manipulación de documentos oficiales y presuntos sobornos estructurados de manera jerárquica.
Como parte de las indagatorias, se realizaron despliegues operativos en entidades como Tamaulipas, Veracruz, Nuevo León y Ciudad de México, donde se ejecutaron órdenes de aprehensión contra 14 personas, entre ellas empresarios, marinos en activo y en retiro, así como exfuncionarios aduanales.
Entre los señalados se mencionan presuntos vínculos con mandos de alto rango dentro de la institución naval, lo que ha elevado el caso a un tema de seguridad nacional debido a la posible infiltración de estructuras criminales en dependencias estratégicas del Estado.
Las autoridades han informado que durante las investigaciones se aseguraron propiedades de lujo, vehículos de alta gama y grandes sumas de dinero en efectivo, elementos que forman parte de las pruebas sobre presuntos flujos financieros ilícitos.
El caso también ha tenido implicaciones internacionales, luego de que se detectaran conexiones con actores extranjeros, lo que ha generado tensión diplomática y solicitudes de cooperación en materia de extradición, las cuales aún no han sido detalladas oficialmente por las autoridades mexicanas.
Hasta el momento, el gobierno federal sostiene que las investigaciones continúan abiertas y que el caso podría derivar en nuevas detenciones, ya que se considera que la red tendría alcances más amplios dentro y fuera de las instituciones involucradas.
