AGENCIA
CDMX.- Un doble rasero diplomático ha sacudido la escena política mexicana tras revelarse que el gobierno de Estados Unidos canceló la visa a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, a su esposo y a integrantes de su gabinete, al tiempo que otorgó visas a familiares de “Los Chapitos”, hijos del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán.
El contraste fue calificado por analistas y críticos como una “contradicción escandalosa”, pues mientras se castiga administrativamente a representantes del partido oficialista Morena, se permite la entrada a familiares del cártel de Sinaloa para colaborar como testigos en investigaciones sobre la supuesta vinculación entre el crimen organizado y la política mexicana.
La situación se tornó más delicada tras reportes que indican que Ovidio Guzmán, hijo de “El Chapo”, se habría declarado culpable ante una corte estadounidense y aceptado revelar detalles sobre sus nexos con figuras políticas mexicanas. Como parte de un acuerdo con autoridades estadounidenses, algunos de sus familiares habrían recibido visas para presentarse ante el FBI en la frontera de San Diego.
El tema se volvió aún más tenso cuando la propia presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que su gobierno no fue notificado oficialmente sobre la revocación de visas a funcionarios mexicanos: “Ayer lo supimos por el comunicado que emitió la propia gobernadora y vamos a esperar la información”, declaró.
Mientras tanto, las redes sociales y círculos de opinión estallan con preguntas sobre cuántos funcionarios de Morena podrían estar en la mira de Estados Unidos y cuál será el alcance de las revelaciones de Ovidio Guzmán.
Este episodio profundiza la sospecha sobre el avance de la llamada “narcopolítica” en México, un término que ha sido utilizado con frecuencia por críticos del partido oficialista y que, ahora, vuelve al centro del debate con el respaldo de hechos inéditos a nivel diplomático.
