Córdoba.- Será el próximo 30 de enero cuando se lleve a cabo la audiencia constitucional ante el Juzgado XII de Distrito, tras la demanda de amparo interpuesta en contra del Ayuntamiento, por haber aprobado un Reglamento de Comercio a modo, afirmó el dirigente de la Organización Social Independiente, Andrés Gómez Ojeda.
Recordó que el proceso legal se emprendió desde el 6 de diciembre, luego de que un grupo de comerciantes que son integrantes de la Unión de Vendedores Ambulantes y Comerciantes de Veracruz, A.C., se enterara de las acciones del Ayuntamiento, por lo que promovieron un Juicio de Amparo contra el Reglamento de Comercio, integrándose el expediente 1203/2016 ante el Juzgado Decimosegundo.
El defensor precisó que fue hasta el 30 de diciembre cuando las autoridades municipales fueron emplazadas para darle contestación y rendir un informe justificado a las autoridades federales, como responsables de haber autorizado el referido Reglamento.
El Juez Federal otorgó al Ayuntamiento un plazo de 48 horas para dar un informe al Juzgado y un término de 15 días para el incidente de suspensión.
En el acto reclamado, se estableció que los agravios son contra los preceptos que se encuentran en el Reglamento de Mercados, Tianguis y Comercio en la Vía Pública, para el municipio de Córdoba, Veracruz, que fue aprobado por los Regidores del PRI y del PAN en sesión de Cabildo el 15 de agosto de 2016 y que salió publicado el 19 de octubre en la Gaceta Oficial del Estado.
Indicó que aunque las autoridades no estén aplicando el Reglamento al cien por ciento, “tarde o temprano lo harán o no faltará alguna otra Administración municipal que pueda aplicarlo con mano de hierro y represión, con el apoyo de la Policía municipal o Estatal”.
Gómez Ojeda mencionó que el Reglamento viola el derecho al trabajo, sustentado en el Artículo 5 Constitucional, porque prohíbe vender en la vía pública, desde la colonia Dos Caminos hasta la calle 19, y de la avenida 11 a la 12, “pero exceptúa el Caminatorio de la calle 1, en el tramo que comprende de la avenida 11 al Beisborama, cuyos permisos se otorgarán a propuesta de la Dirección de Desarrollo Económico, autorizados por el Cabildo, tal y como se establece en su Artículo 37, entregándoles permisos a los comerciantes que son integrantes de las Cámaras empresariales, específicamente de la Canaco, haciendo que este Reglamento acepte comerciantes de primera y segunda, quedando en evidencia actos de discriminación”.
Ante eso, se teme que se le pueda quitar la mercancía a un vendedor, e incluso ser detenido y encarcelado como arresto administrativo hasta por 24 horas, según lo estipulado en la Fracción VI del Artículo 58 del Reglamento, además de que se pretenden cobrar multas de 5 a 200 salarios mínimos.
Gómez Ojeda destacó que independientemente de la sentencia que se dicte en este Juicio de Garantías, se establecerá un precedente en materia jurídica contra un Reglamento aprobado por las autoridades municipales.
