**La autoridad estatal advierte que cualquier omisión a estas medidas de seguridad genera responsabilidades “administrativas, civiles y penales” para los servidores públicos responsables.
Alejandro Aguilar
EL BUEN TONO
Córdoba, Ver.- Dictámenes técnicos confirman que el inmueble padece una corrosión progresiva y daños en elementos de carga; las autoridades condicionan su uso a una rehabilitación urgente que no se ha ejecutado.
El Estadio Beisborama, sede anunciada para el “Showcase” y el Torneo Internacional Sub-19 “Con Aroma a Café” en abril de 2026, opera bajo una condición de vulnerabilidad estructural que las autoridades de Protección Civil han calificado como un riesgo latente para la población.
Documentos oficiales obtenidos mediante transparencia revelan que el deterioro del inmueble no es estático, sino un proceso de degradación activa que compromete la seguridad de los asistentes.
Deterioro progresivo y fallas estructurales
El dictamen técnico de riesgo SPC/DGPyR/VyR/D-013/2024 describe un escenario crítico. La inspección técnica señala que los elementos de concreto presentan una “oxidación y corrosión en diferentes grados”, lo que ha derivado en la “pérdida de sección y descamación” del acero de refuerzo. Esto significa que las varillas que sostienen la estructura están perdiendo su capacidad de carga.
El reporte detalla además el desprendimiento de concreto en “plafones, muretes, parapetos, columnas, trabes y contratrabes”, así como fisuras y grietas en las zonas de gradas atribuidas a “deficiencia en el proceso constructivo” y falta de mantenimiento. Según el folio 950546126000335, el deterioro es una consecuencia directa de la antigüedad del inmueble y su exposición prolongada a la intemperie sin intervenciones correctivas de fondo.
Uso restringido y advertencia legal
A pesar de la programación de eventos internacionales, el dictamen es taxativo: Se deben “delimitar las áreas que presenten posibles afectaciones estructurales para evitar que la población usuaria acceda”. La autoridad estatal advierte que cualquier omisión a estas medidas de seguridad genera responsabilidades “administrativas, civiles y penales” para los servidores públicos responsables.
