Córdoba.- En entrevista con EL BUEN TONO, familiares de los nueve policías estatales que fueron detenidos por el caso de un joven originario de Cuautlapan, el cual de acuerdo a familiares del occiso fue detenido el pasado 22 de febrero en el fraccionamiento Nuevo Córdoba, denunciaron de forma pública que tras la detención de sus familiares hay irregularidades, ya que aseguran no les han permitido verlos y tienen conocimiento de que fueron violentados sus derechos como personas.
Las mujeres -cuya identidad se omite por cuestiones de seguridad- dieron a conocer que desde el día que supieron que fueron concentrados en las instalaciones del Mando Único, les negaron el acceso y todo tipo de comunicación con ellos, lon que las tiene preocupadas.
Siendo durante la madrugada cuando sólo dejaron entrar a una de las familiares, a la cual le negaron información sobre la situación, sin embargo, pudo percatarse rápidamente que los policías estaban incados, esposados y cubiertos del rostro, también sus supuestos compañeros los estaban torturando psicológicamente, además de tenerlos incomunicados y sin alimentos.
Además dieron a conocer que la detención de los oficiales nunca fue en la calle, tal y como lo dio a conocer la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), si no que a ellos todo el tiempo los tuvieron incomunicados dentro del Mando Único donde los desarmaron y posteriormente los aislaron del resto de los policías sin darles una explicación del porqué los estaban tratando de esa manera.
Además de que a las familias les habían indicado que los detenidos no estaban en el Mando Único sino en La Toma, pero la realidad fue otra que todos ellos habían sido trasladados a las instalaciones de la Fiscalía Regional.
Ante todas estas irregularidades que han dado a conocer, los familiares piden a las autoridades hacer bien su trabajo en la investigación, para que se castigue a los verdaderos responsables y no a los oficiales que llevan años trabajando de manera honesta dentro de la corporación.
Asimismo, los familiares mencionaron que temen por sus vidas, ya que han recibido amenazas por parte de altos mando de la Secretaría de Seguridad Pública.
