AGENCIAS
Estados Unidos.- El Gobierno de Donald Trump defendió la construcción del muro fronterizo con México, un proyecto valuado en 46 mil millones de dólares, pese a la suspensión judicial temporal de las obras en la región de Big Bend, Texas, donde residentes, empresarios y ambientalistas han expresado su rechazo por el impacto en el entorno natural.
Rodney Scott, comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), aseguró que reforzar la frontera es una prioridad “no negociable” para la administración estadounidense. En una entrevista con The Associated Press (AP), argumentó que las autoridades necesitan identificar quién y qué ingresa al país.
El proyecto contempla reforzar aproximadamente 3 mil 200 kilómetros de frontera mediante vallas de acero de nueve metros de altura, barreras vehiculares, caminos y tecnología de vigilancia. Según Scott, actualmente se construyen alrededor de 19 kilómetros de infraestructura fronteriza por semana.
El funcionario afirmó que el muro principal, que en algunos sectores incluirá una segunda barrera, podría quedar terminado a finales de diciembre de 2027, antes de que concluya el segundo mandato de Trump.
Disputa judicial en Big Bend
Uno de los principales focos de oposición se encuentra en la región de Big Bend, donde un juez ordenó detener temporalmente las obras al considerar que los demandantes podrían sufrir daños graves e irreparables si los trabajos continuaban sin intervención judicial.
Ante esta resolución, el Gobierno estadounidense solicitó a la Corte Suprema que levante la suspensión y permita reanudar la construcción.
La disputa incluye trabajos en el Parque Nacional Big Bend, donde el uso de maquinaria pesada y la remoción de terreno provocaron protestas de residentes, ambientalistas y representantes políticos.
Scott señaló que ordenó suspender las actividades relacionadas con la construcción dentro del parque mientras su equipo dialogaba con los habitantes de la zona. También aseguró que la agencia busca alternativas para instalar infraestructura sin dañar el área natural.
Aunque evitó detallar los planes debido a los litigios en curso, sostuvo que el proyecto no contempla colocar muros altos de acero dentro del parque. Sin embargo, insistió en que las barreras naturales de la región no impedirían todos los cruces irregulares y advirtió sobre el posible aprovechamiento de los tramos sin fortificaciones por parte de los cárteles mexicanos.
Rechazan la construcción por su impacto ambiental
Hillary Pierce, directora de comunicaciones de la coalición No Big Bend Wall, cuestionó los argumentos de las autoridades estadounidenses y afirmó que las propias cifras gubernamentales no respaldan la existencia de una emergencia fronteriza en esa región.
La oposición al proyecto se centra en sus posibles consecuencias ambientales, la transformación del paisaje y los efectos sobre las comunidades cercanas.
Mientras la administración de Trump sostiene que el muro es necesario para reforzar la seguridad nacional, la disputa judicial mantiene en suspenso parte de las obras en Big Bend.
Por ahora, el Gobierno estadounidense busca revertir la orden judicial, mientras continúa la controversia entre las prioridades de seguridad fronteriza y la protección de una de las regiones naturales más importantes de Texas.
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