AGENCIAS
TIJUANA.- La exalcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez, confirmó que el gobierno de Estados Unidos revocó su visa. La ahora militante del PT y aspirante a la coordinación de la Cuarta Transformación en Baja California aseguró que la medida está relacionada con el trámite de residencia que inició hace dos años tras contraer matrimonio con un ciudadano estadounidense.
Caballero explicó que, durante este tipo de procesos migratorios, las autoridades pueden retirar temporalmente la visa mientras analizan la solicitud de residencia. Además, rechazó que exista alguna investigación en su contra y afirmó que la cancelación del documento no está vinculada con presuntos actos irregulares.
Sin embargo, el semanario Zeta publicó que una fuente del Departamento de Estado indicó que la revocación ocurrió el 14 de enero de 2026, presuntamente después de que la exfuncionaria acumuló cuatro alertas migratorias entre abril y septiembre de 2025. El medio también señaló que la medida estaría relacionada con investigaciones en las que aparece su nombre, versión que contradice la explicación ofrecida por Caballero.
La exalcaldesa sostuvo que, en caso de competir y ganar la gubernatura de Baja California, no asumiría el cargo sin contar con una visa vigente o con la residencia estadounidense, al considerar que sería un tema de congruencia. Incluso señaló que podría posponer hasta seis años su proceso para obtener la ciudadanía de Estados Unidos para mantener sus aspiraciones políticas.
Caballero también ha estado envuelta en diversas polémicas. En 2024, la periodista Yolanda Caballero denunció presuntas amenazas de la entonces alcaldesa y, días después, su vehículo fue incendiado en Tijuana. La exfuncionaria negó cualquier relación con esos hechos.
Con este caso, Montserrat Caballero se suma a la lista de políticos mexicanos a quienes Estados Unidos ha revocado la visa, entre ellos la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, el exgobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, y el alcalde de Nogales, Sonora, Juan Francisco Gim Nogales. En la mayoría de los casos, el Departamento de Estado no ha informado las razones, al argumentar normas de confidencialidad.
