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De la redacción
El Buen Tono

El gobierno de Estados Unidos anunció este lunes la revocación de visas a empresarios, políticos y funcionarios de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, como parte de una medida que restringe su ingreso al país y, en algunos casos, también alcanza a sus familiares directos.

El Departamento de Estado informó que las restricciones fueron impuestas bajo la sección 212 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, al señalar que las personas afectadas estarían vinculadas con actividades que, según el gobierno estadounidense, atentan contra gobiernos democráticamente elegidos mediante actos de corrupción o actividades relacionadas con el crimen organizado.

Bolivia concentra el mayor número de personas afectadas, con 14 ciudadanos a quienes se les retiraron las visas. Entre ellos se encuentran el fiscal superior Martín Daniel Irusta; la jueza de Instrucción y Anticorrupción Albania Chane Caballero; el fiscal de Santa Cruz, Alberto Zeballos; y la jueza Rosario Ximena Flores Paniagua.

También figuran Iván Manolo Lima Magne, exministro de Justicia y Transparencia Institucional; Álvaro Mauricio Nava Morales, fiscal superior y exfiscal departamental de Chuquisaca, e Israel Ramiro Campero, magistrado.

En Colombia, la medida alcanzó al empresario Euclides Antonio Torres Romero, propietario de un conglomerado con operaciones principalmente en los sectores de energía, señalización vial e iluminación pública.

Además, Estados Unidos incluyó a Martha Isabel Peralta Epieyú, senadora afiliada al Pacto Histórico y al Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS).

En Ecuador, el Departamento de Estado informó que la revocación de visas alcanzó a dos ciudadanos, aunque no reveló públicamente sus identidades.

En Perú, la medida fue aplicada al juez del Tribunal Constitucional del Primer Circuito de Lima, Juan Carlos Núñez.

El gobierno estadounidense señaló que las restricciones forman parte de las acciones emprendidas por la administración de Donald Trump contra funcionarios a los que acusa de corrupción y contra personas que, de acuerdo con Washington, han protegido a integrantes del crimen organizado.

La decisión amplía las medidas migratorias y diplomáticas de Estados Unidos hacia funcionarios y empresarios de distintos países de la región.

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