Efraín Hernández
el buen tono
Tomatlán.- Una red de explotación infantil opera en la cabecera municipal, donde material audiovisual y conversaciones de WhatsApp revelaron que una mujer facilita el acceso sexual de su hija, una menor de 12 años a un adulto.
Las pruebas, en poder de este medio de comunicación, circularon en redes sociales y muestran con crudeza la forma en que se comete el delito.
Pese a la gravedad del caso, el alcalde, Antonio Flores Cancino, así como Jaquelin García Anaya, titular del DIF Municipal, y Jazive Guadalupe García Ramos, procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, encubrieron los hechos al negarse a actuar conforme marca la ley.
Desde noviembre pasado recibieron una denuncia formal acompañada de las pruebas, pero en siete meses no han emitido ni un oficio, ni activado los protocolos de atención para proteger a la víctima.
La omisión, que también es corrupción, de estas autoridades constituye un acto de negligencia institucional, que podría configurarse como encubrimiento ante un delito grave.
Además, las dependencias implicadas se negaron a responder los requerimientos de información dentro del plazo legal, alimentando así la sospecha de que están protegiendo a los responsables o buscando que el caso quede impune, es decir, sin el debido castigo.
