JavaScript must be enabled in order for you to see "WP Copy Data Protect" effect. However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser. To see full result of "WP Copy Data Protector", enable JavaScript by changing your browser options, then try again.
PUBLICIDAD publicidad

De la Redacción

El Buen Tono

Orizaba. – La Delegación Regional de los Programas para el Bienestar en Orizaba continúa bajo conflictos, pues está siendo operada por la ex diputada Itzel López de manera irregular, ya que carece del nombramiento oficial que la acredite como titular, denunciaron trabajadores.

De acuerdo con documentación oficial de la Delegación, señalan que el Encargado de la Dirección Regional es Jesús Antonio Cardona Juárez. Sin embargo, labora bajo el puesto operativo de “enlace servidor de la nación”, mientras que las decisiones de alto mando y la representación política recaen en Itzel López López.

Esta dualidad de funciones constituye una grave irregularidad administrativa. Mientras los documentos oficiales y los comprobantes de nómina de los trabajadores llevan la rúbrica y el respaldo de Jesús Antonio Cardona Juárez como responsable legal, mientras Itzel López ejerce el control efectivo de la dependencia.

El conflicto escaló luego de que un grupo de trabajadores, iniciaran una protesta formal para exigir la destitución de Itzel López. Los manifestantes denunciaron un clima de hostigamiento laboral constante, orquestado no solo por la ex legisladora, sino también por su esposo, Alberto Luna, quien sin tener cargo oficial alguno dentro de la estructura gubernamental, interviene en decisiones administrativas y ejerce presión sobre el personal.

Mientras tanto, a pesar del creciente descontento, Itzel López ha evadido cualquier acercamiento con los empleados, negándose a “dar la cara” y aclarar su situación jurídica dentro de la dependencia.

La situación plantea un doble riesgo: por un lado, la legalidad de los actos administrativos emitidos por una persona que no tiene facultades para ello, lo que podría derivar en la nulidad de trámites y recursos; por otro, la violación a los derechos laborales de los trabajadores, quienes exigen un alto a las prácticas de intimidación.

CANAL OFICIAL