México.– Mientras el debate local y nacional se centra en la isla del ex Gobernador perredista, a raíz de la publicación de Zeta, la Contraloría iniciará investigación sobre el origen del dinero público desviado, para dar vista a la PGJE o a la PGR.
Según abogados y auditores consultados por Zeta, en el caso de la isla del político emanado del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y ex gobernador de Baja California Sur, Narciso Agúndez Montaño resaltan
cuatro hechos:
1.- La inscripción irregular del bien inmueble nacional a favor de un particular en el sistema de la Dirección Municipal de Catastro .
2.- La utilización de recursos públicos en el sexenio anterior para adquirir o comprar una propiedad privada.
3.- El desvío de dinero público pagado a empresas que, hoy se sabe, eran fantasma en ciudades de Puebla, San Juan Cuautlancingo y San Pedro Cholula.
4.- Los dichos de Agúndez contra los documentos publicados por el semanario sobre la operación irregular, los cuales prueban cómo y de qué manera fue sustraído y triangulado el dinero, hasta lograr inscribir el nombre de Narciso Agúndez Montaño como propietario del islote, en base a la clave catastral 002-019-004-001.
Después de la investigación publicada por Zeta, el ex mandatario estatal quedó atrapado en una encrucijada, donde el principal debate en los medios locales y nacionales, se centró en la propiedad de Cabo San Lázaro, al norte de Isla Magdalena.
Los primeros en entrar al debate fueron los líderes de las fracciones parlamentarias de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), en la XIII Legislatura de Baja California Sur. El del PRI, Juan Alberto Valdivia Alvarado, consideró como “grave” el caso de la isla, ya que salió a relucir el nombre del ex Gobernador Narciso Agúndez Montaño.
“Creo que a nadie conviene tener a un ex Gobernador cuestionado, y sobre todo, debe ser un tema que debe tratarse con seriedad y responsabilidad”, dijo.
Por su parte, la panista Gisela Páez Martínez opinó que se debe investigar el caso de la isla a profundidad, porque “no es posible que se haya registrado la isla sin que haya salido del dominio de la nación, de ser así, entonces estaríamos hablando de un caso grave de corrupción, porque no se puede inscribir una propiedad así nomás, a la ligera”.
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