AGENCIAS
Ciudad de México.- Ex agentes de la extinta Policía Federal y Secretaría de Seguridad Pública promovieron demandas laborales con las que buscaron obtener indemnizaciones que superarían los 1,230 millones de pesos, pese a que ya no contaban con derecho a pensión por jubilación ni a la llamada indemnización global, de acuerdo con una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR).
Según el expediente, los pagos fueron ordenados en varios laudos emitidos por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), en la Junta Especial 42 con sede en Torreón, Coahuila, lo que permitió fallos a favor de 880 ex servidores públicos. Las autoridades señalaron posibles irregularidades en el trámite de los juicios, como falta de competencia territorial y omisiones en los datos salariales de los demandantes, lo que habría facilitado sentencias por montos millonarios, incluyendo un caso de hasta 950 millones de pesos.
La investigación apunta a que los ex agentes presentaron sus demandas en 2021 con base en una ley derogada del ISSSTE, pese a estar sujetos a la normativa vigente desde 2007. Además, se detectó que los expedientes fueron admitidos sin corregir inconsistencias procesales, lo que derivó en sentencias favorables.
Finalmente, tras detectarse las presuntas irregularidades, la ejecución de los laudos fue detenida y en 2024 la Secretaría del Trabajo ordenó la desaparición de la Junta Especial 42, mientras continúan las investigaciones para deslindar responsabilidades.
