Productores y trabajadores advierten que el cierre no solo afecta sus liquidaciones, sino a toda la cadena productiva de la región.
CÓRDOBA, VER.- La incertidumbre crece entre productores y trabajadores ante el cierre del ingenio San Pedro, por lo que integrantes de la Unidad Calera Democrática (UCD) pidieron la intervención directa de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para buscar una solución al conflicto.
Yazmín Copete Zapot, integrante de la organización, señaló que desde hace más de 10 días se anunció el cierre de la factoría y los trabajadores continúan a la espera de conocer qué ocurrirá con sus pagos y liquidaciones.
Sin embargo, consideró que el problema va mucho más allá de las indemnizaciones, pues existe incertidumbre sobre lo que ocurrirá con la próxima zafra y con los miles de productores que dependen de la operación del ingenio.
Cuestionó además las condiciones en las que se tomó la decisión de cerrar, al señalar que mientras se argumenta que la producción de caña dejó de ser negocio, se han realizado inversiones en tierras y sistemas de riego, además de que en la zona se estarían instalando granjas de pollo.
“Están instalando varias granjas de pollo, así que no pueden decir que está quebrado y que dejó de ser negocio la caña”, señaló.
Ante este panorama, existe preocupación entre los productores por la posibilidad de que no se realice la próxima zafra, mientras dirigentes cañeros analizan hacia dónde podría enviarse la producción que anteriormente recibía el ingenio San Pedro.
El cierre, advirtió, podría afectar a toda la cadena productiva de la región, desde los cañeros y cortadores hasta transportistas, comerciantes y negocios que dependen de la derrama económica generada por la actividad azucarera.
De acuerdo con la organización, alrededor de 7 mil familias dependen directa o indirectamente de la actividad relacionada con el ingenio, por lo que consideran que el impacto económico de su cierre sería considerable para la zona.
Por ello, solicitaron al Gobierno Federal intervenir directamente y revisar las alternativas existentes para evitar que la suspensión de actividades termine provocando un problema económico y social de mayores dimensiones.
La petición, insistieron, es que se analice el caso antes de que la falta de una solución termine rompiendo la cadena productiva que durante años ha sostenido a numerosas familias de la región.
