Adriana Estrada
El Buen Tono
Ixhuatlancillo.- Habitantes del municipio solicitaron la intervención de la presidenta, Claudia Sheinbaum, y de la gobernadora Rocío Nahle García, ante lo que consideraron anomalías en la integración del comité que manejará recursos económicos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de Pueblos Indígenas y Afromexicanos (Faispiam).
Advirtieron que manipularon el proceso para beneficiar a grupos particulares, por lo que se hace necesaria una investigación a fondo, que incluya el papel de funcionarios de Bienestar y el violento incidente con un menor de edad que ocurrió el pasado 14 de junio.
La inconformidad estalló, luego de que se realizaran tres asambleas consecutivas para conformar el comité encargado de administrar los recursos del Faispiam en el municipio.
Descartaron que esas reuniones reflejen la voluntad comunitaria, y sólo respondieron a intereses ajenos al bien común, lo que motivó el llamado a las más altas autoridades del país y del estado.
Señalaron de manera específica a personal de la Secretaría de Bienestar con sede en Ixhuatlancillo, a quien acusaron de actuar con parcialidad durante el desarrollo de los encuentros.
“Hubo un claro favoritismo hacia ciertos grupos, y eso pone en riesgo que los fondos lleguen a quienes lo necesitan”, manifestó uno de los representantes vecinales.
Independientemente de la revisión del proceso, pidieron que se esclarezca el incidente violento de la asamblea del 14 de junio, donde un menor de edad resultó lesionado, se identifique a los responsables y se apliquen las sanciones correspondientes, sin distinción ni privilegios.
“Ninguno desea confrontación, queremos justicia y transparencia. Que se investigue lo ocurrido y que se respete la decisión de las comunidades indígenas”, declararon.
Manifestaron temor por represalias derivadas de su señalamiento.
Solicitaron a las autoridades estatales y federales garantías de seguridad para ellos y sus familias.
Insistieron en que los recursos del Faispiam, destinados para obras y servicios básicos para poblaciones originarias y afromexicanas, se ejerzan con legalidad y bajo estricta supervisión, a fin de prevenir que hurten el recurso.
