AGENCIA
Ciudad de México.- Tres días antes de concluir el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el general en retiro Audomaro Martínez Zapata, entonces director general del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), firmó una resolución para reservar durante cinco años su declaración patrimonial y la de los funcionarios de esa institución.
La determinación, fechada el 27 de septiembre de 2024, establece que la información permanecerá clasificada hasta septiembre de 2029, por considerar que su divulgación podría representar un riesgo para la seguridad nacional.
De acuerdo con la resolución, hacer públicos los bienes y patrimonio de los servidores públicos del CNI permitiría identificar a sus integrantes y, según el argumento institucional, facilitar que grupos de la delincuencia organizada pudieran amenazarlos o extorsionarlos para obtener información privilegiada sobre las operaciones de inteligencia.
El documento también sostiene que revelar esos datos podría poner en riesgo la vida, libertad y seguridad de los funcionarios y sus familiares, además de proporcionar información que eventualmente pudiera ser utilizada para afectar las capacidades operativas del CNI.
La reserva impide que las declaraciones patrimoniales del personal del Centro aparezcan públicamente en Declaranet y en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT), por lo que el patrimonio de Martínez Zapata no podrá consultarse en esos sistemas hasta 2029, conforme al periodo establecido.
La resolución argumenta que el derecho de acceso a la información pública no es absoluto y que la legislación contempla excepciones relacionadas con la seguridad nacional.
Cuestionan la reserva
La decisión ha generado cuestionamientos de excomisionados del entonces Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), quienes señalaron que pertenecer a una institución de seguridad no debería ser, por sí mismo, motivo suficiente para mantener oculta una declaración patrimonial.
Adrián Alcalá Méndez, quien fue presidente del Inai, consideró que aunque la legislación contempla causales de reserva vinculadas con la seguridad nacional, la justificación presentada en este caso resulta insuficiente si se aplica de manera general a todos los funcionarios del CNI.
A su vez, la excomisionada Julieta del Río Venegas sostuvo que las declaraciones patrimoniales pueden contar con una versión pública que proteja los datos personales considerados sensibles, sin necesidad de ocultar completamente la información.
El caso pone nuevamente sobre la mesa el equilibrio entre la protección de quienes trabajan en áreas de inteligencia y la obligación de transparentar el patrimonio de los servidores públicos, particularmente cuando se trata de funcionarios que ocupan cargos de alto nivel dentro de instituciones de seguridad nacional.
¡Los que iban a ser transparentes! Ahora resulta que en la 4T todos hacen lo que quieren y agarran lo que se les antoja. ¡Qué razón tenía el “cabecita de algodón”: Todos los negocios jugosos se hacen con el visto bueno del presidente.
Es gratis. Solo escribe tu correo y presiona Sign Up para suscribirte.
