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Expl0taci0n 1nfant1l en Tomatlán, grave; autoridades son cómplices

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Efraín Hernández 

El Buen Tono 

TOMATLÁN.- Tras la denuncia pública sobre la existencia de una red de explotación infantil en el municipio, encubierta por autoridades locales, han comenzado a surgir una serie de ataques contra quienes denunciaron. En una conversación recién expuesta, una ciudadana identificada como “Lulu Fal” lanza amenazas, burlas y descalificaciones contra una persona que habría dado a conocer el caso, evidenciando una preocupante estrategia del alcalde Antonio Flores Cansino: recurrir a terceros para desacreditar y amedrentar a quienes alzan la voz.

La polémica gira en torno a una mujer identificada como Sonia, señalada por vecinos por la explotación de su hija menor. A pesar de la gravedad de la acusación, ni el ayuntamiento ni el DIF Municipal han emitido postura ni actuado en consecuencia. La presidenta del DIF, Jaquelin García Anaya, y la funcionaria Jazive Guadalupe García Ramos, han sido señaladas por su inacción y encubrimiento.

En lugar de iniciar una investigación o aplicar medidas de protección para la menor, el entorno del alcalde ha optado por la intimidación. A través de mensajes de voz y texto, la ciudadana “Lulu Fal” —afín al grupo político de Flores Cansino— arremete contra quienes han visibilizado el caso, advirtiendo que existen denuncias en su contra y amenazando con represalias legales. En los mensajes se advierten errores ortográficos graves, que, lejos de distraer, exponen el tono hostil, improvisado y falto de sustento de los intentos de intimidación.

Frases como “ya tiene denuncia en Guatusco y tú la vas a tener” o “a ver si el presidente te la pasa por estarlo quemando”, dejan entrever que estas acciones podrían estar siendo impulsadas desde el círculo cercano al edil.

Esta estrategia de desacreditación no sólo es irresponsable, sino peligrosa. Se busca presentar las denuncias como ataques personales o difamación, cuando en realidad se trata de una problemática extremadamente grave, sin que exista intervención oficial para proteger a la víctima ni sancionar a todos los responsables.

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