AGENCIA
Veracruz.- Por años, los periodistas de Veracruz han enfrentado amenazas, agresiones, desapariciones y asesinatos por informar sobre la violencia. Sin embargo, en medio de ese escenario ha comenzado a surgir una preocupación distinta: la posible infiltración de operadores del crimen organizado que utilizan la imagen de reporteros o creadores de contenido para obtener información, manipular la cobertura de hechos violentos e incluso influir en la narrativa que llega a la opinión pública.
Se trata de un fenómeno del que existen pocos estudios documentados por organismos especializados, pero que ha comenzado a ser mencionado públicamente por autoridades y representantes del gremio periodístico.
Cuando llegan antes que las autoridades
En diversos hechos de violencia, personas identificadas como supuestos reporteros aparecen incluso antes que las corporaciones policiacas. Transmiten en vivo por redes sociales, cruzan acordonamientos, entrevistan a testigos y abandonan el lugar rápidamente.
Para periodistas con años de experiencia en la fuente policiaca, esta conducta ha despertado sospechas sobre la existencia de individuos que utilizan el ejercicio periodístico como cobertura para obtener información de interés para organizaciones criminales.
El problema no solo representa un riesgo para las investigaciones ministeriales, sino también para los comunicadores que realizan coberturas legítimas y que podrían ser confundidos con estos operadores.
Una preocupación que llega al Congreso
La diputada local de Morena, Bertha Malpica, reconoció que el tema ya forma parte de las preocupaciones relacionadas con la protección de periodistas en Veracruz.
La legisladora señaló que el reto consiste en distinguir entre quienes ejercen realmente el periodismo y quienes utilizan esa identidad para actividades ajenas a la labor informativa.
También consideró que crear un padrón o exigir una acreditación obligatoria resultaría complicado, ya que podría convertirse en una medida que limite la libertad de expresión.
“Ahora, con un celular, todo mundo se dice periodista o creador de contenido”, expresó al referirse a la facilidad con la que cualquier persona puede difundir información mediante redes sociales.
Un vacío en las investigaciones
Organizaciones nacionales e internacionales como Artículo 19 y Reporteros Sin Fronteras han documentado durante años la violencia contra periodistas en Veracruz.
Investigaciones como Veracruz de los Silencios, elaborada por Artículo 19, reconstruyeron decenas de casos de homicidios y agresiones contra comunicadores durante uno de los periodos más violentos para la prensa en la entidad.
No obstante, esos estudios se concentran en documentar ataques contra periodistas y los altos niveles de impunidad, sin abordar específicamente una posible infiltración de integrantes del crimen organizado que operen bajo identidades periodísticas o mediante plataformas digitales.
Esto deja un vacío sobre un fenómeno que, aunque ha sido mencionado desde hace años en círculos periodísticos, permanece escasamente documentado.
Redes sociales cambiaron las reglas
La evolución tecnológica transformó la cobertura de los hechos policiacos.
A los medios tradicionales se sumaron cientos de páginas de Facebook, canales de video y perfiles personales que transmiten en tiempo real accidentes, balaceras, persecuciones y operativos.
Esta inmediatez ha permitido que la ciudadanía reciba información casi al instante, pero también dificulta distinguir entre periodistas profesionales, ciudadanos que documentan hechos y personas que podrían utilizar esa actividad con fines distintos al informativo.
¿Regular o proteger?
El debate plantea una pregunta compleja: ¿cómo impedir que delincuentes utilicen la figura del periodista sin afectar la libertad de prensa?
Especialistas consideran que exigir una cédula profesional o permisos especiales podría excluir a comunicadores independientes, fotógrafos, corresponsales y periodistas comunitarios que ejercen legítimamente su labor.
Por ello, el desafío consiste en fortalecer los mecanismos de verificación, mejorar los protocolos de seguridad y reforzar la coordinación entre autoridades y organizaciones periodísticas, sin generar medidas que limiten el derecho a informar.
Casos que alimentan la preocupación
Uno de los casos recientes fue la detención de Ángel David WG en Poza Rica.
Durante el operativo, autoridades aseguraron diversas dosis de una sustancia con características similares al cristal, una motocicleta, un teléfono celular e identificaciones de prensa. De acuerdo con la información oficial, además habría intentado ofrecer dinero a los agentes para evitar su detención.
Hasta el momento, su situación jurídica continúa en proceso y, conforme a la ley, mantiene la presunción de inocencia.
Otro caso que generó controversia fue el homicidio de Roxana Guzmán, directora del portal Pulso Informativo del Sureste. Antes de su asesinato circularon señalamientos en redes sociales sobre presuntos vínculos con grupos criminales; sin embargo, no existen pruebas públicas que respalden dichas acusaciones.
El verdadero riesgo
El posible uso de credenciales de prensa, páginas informativas o transmisiones en vivo como herramientas para actividades de inteligencia criminal representa un doble desafío.
Por un lado, podría facilitar las operaciones de grupos delictivos; por otro, incrementa la desconfianza hacia quienes ejercen el periodismo de manera legítima, una profesión que en Veracruz continúa siendo una de las más peligrosas de México.
Al mismo tiempo, especialistas advierten que cualquier intento de regulación debe evitar criminalizar a periodistas independientes o creadores de contenido que realizan una labor informativa legítima, pues ello representaría un riesgo para la libertad de expresión.
Mientras las autoridades analizan posibles mecanismos para atender esta problemática, el principal reto será encontrar un equilibrio entre la protección del ejercicio periodístico y la prevención del uso indebido de la identidad de prensa por parte de actores criminales.
La discusión apenas comienza y aún existen más preguntas que respuestas. Lo cierto es que la convergencia entre redes sociales, periodismo ciudadano y crimen organizado ha abierto un nuevo frente de debate sobre la seguridad pública, la protección de los periodistas y la credibilidad de la información que consume la sociedad veracruzana.
