De la Redacción
El Buen Tono
Orizaba.- La falta de personal especializado y capacitado en las instituciones que atienden casos de violencia sexual contra menores puede retrasar medidas de protección y complicar aún más la situación de las víctimas y sus familias. María de la Cruz Jaimes García, representante del Colectivo Feminista Cihuatlahtolli, advirtió que una denuncia debe activar de inmediato una ruta integral de atención.
La activista señaló que las menores requieren seguridad, atención médica, psicológica y jurídica, además de investigaciones oportunas. Datos de la Secretaría de Salud indican que durante 2025 fueron atendidas en hospitales del país 11 mil 122 personas de entre uno y 17 años por violencia sexual, un aumento de 4.8 por ciento respecto a los 10 mil 613 casos registrados durante 2024.
Jaimes García destacó que la responsabilidad institucional no puede reducirse a recibir una denuncia. Fiscalías, hospitales y demás dependencias deben coordinarse para evitar que las familias recorran oficinas en busca de ayuda.
También pidió que el personal conozca sus atribuciones y protocolos, pues interrogatorios innecesarios, malos tratos o procedimientos inadecuados pueden provocar una nueva afectación emocional a las víctimas.
Si la agresión deriva en un embarazo, añadió, las autoridades deben brindar información clara y facilitar el acceso a los servicios disponibles.
También consideró necesario mantener recursos de emergencia dentro de los protocolos de atención. El llamado es a capacitar de manera permanente a fiscales, médicos, enfermería y servidores públicos para que ninguna niña tenga que enfrentar, además de la violencia sufrida, el abandono o la indiferencia de las instituciones.
