Coatzacoalcos, Veracruz. — Las deficiencias en la integración de la carpeta de investigación por parte del Ministerio Público federal provocaron que un juez federal ordenara la libertad de los únicos dos detenidos relacionados con el caso de la llamada “mini refinería” localizada en Coatzacoalcos, uno de los aseguramientos de hidrocarburos ilegales más relevantes de los últimos años en Veracruz.
Durante la audiencia inicial celebrada el martes 3 de febrero, el Juez de Distrito Jorge Ariosto Velázquez Avendaño, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Veracruz, determinó no vincular a proceso a Valentina “N” y José Alberto “N”, al considerar que la Fiscalía General de la República (FGR) no logró acreditar con pruebas suficientes su probable responsabilidad.
El juez sostuvo que, aunque los hechos expuestos por la FGR sí presentan apariencia de delito, los datos de prueba presentados no fueron idóneos ni robustos para sostener una imputación formal. La resolución dejó en evidencia fallas en la investigación, pese a la gravedad del caso y al volumen de combustible asegurado.
En la diligencia participaron representantes del Ministerio Público federal, la asesoría jurídica de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la defensa de los imputados. Sin embargo, los argumentos de la fiscalía no lograron superar el estándar mínimo exigido por la ley, lo que derivó en el auto de no vinculación.
Ambos acusados habían sido detenidos el 29 de enero en Villahermosa, Tabasco, y trasladados al Centro de Reinserción Social de Coatzacoalcos, del cual salieron en libertad la noche del martes, apenas días después de su captura.
Aunque la FGR conserva la facultad de continuar la investigación y cuenta con tres días hábiles para interponer un recurso de apelación, hasta el momento el expediente quedó sin una sola persona detenida, a pesar de que las autoridades reconocen la existencia de al menos cuatro órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar.
El caso se originó en junio de 2025, cuando un operativo federal permitió desmantelar un presunto centro clandestino de producción artesanal de combustible en dos predios de Coatzacoalcos, donde se aseguraron cerca de 500 mil litros de diésel, nafta y solventes, un golpe que en su momento fue presentado como un avance significativo contra el huachicol.
Hoy, la falta de resultados judiciales vuelve a colocar bajo cuestionamiento la capacidad de la FGR para sostener casos de alto impacto, y deja abierta una pregunta clave: ¿quién falló en su trabajo cuando, pese a un decomiso millonario, no hay responsables ante la justicia?
