AGENCIA
Nacional.- La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el litigio fiscal de Grupo Salinas no solo cerró uno de los casos más relevantes de los últimos años, sino que abrió un frente de preocupación jurídica y económica que ahora alcanza a empresas globales y a buena parte de la industria exportadora instalada en México.
En los próximos meses, el máximo tribunal deberá analizar litigios fiscales millonarios que involucran a Samsung Electronics y a ocho empresas maquiladoras, todos derivados de una nueva interpretación del Servicio de Administración Tributaria (SAT) sobre el cobro del Impuesto al Valor Agregado (IVA). El desenlace podría marcar un punto de quiebre en la relación entre el Estado y el sector productivo.
El fallo contra Grupo Salinas consolidó un criterio que, según especialistas y organismos empresariales, privilegia la recaudación por encima de la certeza jurídica. Ese precedente ahora pesa sobre otros expedientes que están en la antesala de la SCJN y que, en conjunto, podrían implicar montos superiores a los 50 mil millones de pesos.
El caso más relevante es el de Samsung Electronics, a quien el SAT reclama 6 mil 714 millones de pesos por concepto de IVA no retenido entre 2019 y 2023. A ello se suma la controversia de ocho maquiladoras que exigen la devolución de IVA ya pagado; si la Corte falla a su favor, el impacto fiscal para el Estado podría superar los 46 mil millones de pesos.
El eje de estos litigios es el programa IMMEX, un esquema que por más de dos décadas permitió a las empresas importar temporalmente insumos sin pagar IVA, siempre que los productos finales se destinaran a la exportación. El conflicto surge por el uso del pedimento V5, que ampara las llamadas exportaciones virtuales, operaciones documentales entre empresas IMMEX en las que la mercancía no sale físicamente del país, pero continúa su proceso productivo antes de la exportación final.
Durante años, este mecanismo fue avalado por la propia autoridad fiscal. Sin embargo, en 2019 el SAT modificó su interpretación y sostuvo que, si la mercancía permanece en territorio nacional, debe pagar IVA, aun cuando también sea considerada importada, lo que en la práctica implica una doble tributación.
Samsung y las maquiladoras argumentan que estas operaciones no generan valor agregado interno y que gravarlas contradice los principios de equidad fiscal. Además, señalan que aplicar este nuevo criterio de manera retroactiva vulnera la seguridad jurídica, al modificar reglas que fueron válidas y permitidas durante años.
En contraste, la autoridad fiscal sostiene que el esquema fue utilizado de forma abusiva y permitió evasiones fiscales relevantes, por lo que el cobro del impuesto es procedente.
La controversia ha generado resoluciones judiciales contradictorias. Mientras el Tribunal Federal de Justicia Administrativa ha fallado a favor de las empresas, un tribunal colegiado con sede en Yucatán resolvió recientemente en favor del SAT, obligando a una maquiladora a cubrir un crédito fiscal millonario.
El debate también divide a la propia SCJN. La ministra Yasmín Esquivel Mossa ha sostenido que las exportaciones virtuales no deben gravarse con IVA, al no tratarse de ventas al consumidor final ni generar valor agregado nacional. En sentido opuesto, la ministra Lenia Batres ha advertido que declarar inconstitucional el cobro del impuesto podría legitimar esquemas de evasión fiscal y provocar un daño significativo a la hacienda pública, con impactos directos en programas sociales y políticas públicas.
La discusión de estos casos ha sido aplazada en diversas ocasiones y se prevé que en 2026 la Corte emita un pronunciamiento definitivo, ya con la participación de ministros electos recientemente.
Organismos empresariales como Coparmex han alertado que, si la SCJN confirma el criterio del SAT, cualquier empresa que opere bajo el esquema IMMEX podría enfrentar cobros fiscales retroactivos, con efectos negativos en la inversión, el empleo y la competitividad de México como plataforma exportadora.
Especialistas en derecho fiscal coinciden en que, a diferencia del caso Grupo Salinas, donde se acreditaron prácticas indebidas, en los litigios relacionados con IMMEX existe una ambigüedad legal real, derivada de interpretaciones contradictorias toleradas durante años por la propia autoridad.
Más allá de los montos involucrados, el fondo del debate es la estabilidad de las reglas fiscales en México. El fallo que emita la SCJN no solo resolverá disputas específicas, sino que definirá si el Estado puede reinterpretar la ley de manera retroactiva en nombre de una mayor recaudación, una señal clave para empresas, inversionistas y analistas sobre el rumbo de la política fiscal y la certidumbre jurídica del país.
