De la redacción
El Buen Tono
Los derechos de Eduardo “N” habrían sido violentados la mañana de este martes, luego de que elementos de la Policía Ministerial lo trasladaran desde el penal de mediana seguridad de La Toma hasta la delegación regional ubicada en la calle 9, sin previo aviso a sus abogados ni a sus familiares. El hecho provocó un enérgico reclamo por parte de sus allegados, quienes hicieron un llamado a la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García.
De acuerdo con la información recabada, fue cerca de las 7:00 de la mañana cuando personal ministerial ingresó al penal para ejecutar una nueva orden de aprehensión en su contra. La familia denunció que no se notificó de manera formal al equipo legal que lo representa, lo cual contraviene el debido proceso y representa una acción arbitraria por parte de las autoridades.
Según declaraciones de sus familiares, esta nueva orden se origina en una carpeta de investigación que no fue vinculada a proceso, por lo que consideran que la actuación de la Fiscalía carece de sustento legal y responde a intereses ajenos a la justicia.
“Ni nosotros ni sus abogados fuimos informados. Lo sacaron sin avisar, sin respetar sus derechos, y ahora lo tienen en la Ministerial sin ninguna explicación clara”, señaló uno de los familiares, visiblemente indignado
