En 1997, el PRI perdió, por primera vez en su historia, la mayoría en la Cámara de Diputados.
Uno de los primeros cambios de fondo que introdujo la nueva correlación de fuerzas en San Lázaro fue pasar de un sistema fiscal intergubernamental de orden esencialmente resarcitorio a uno compensatorio.
Pensando que así se fomentaría la equidad entre las partes integrantes de la Federación, se creó el Fondo de Aportaciones Federales a los estados, mejor conocido como el Ramo 33 del Presupuesto.
Desde su arranque, este rubro se ha integrado con partidas destinadas a educación y salud –responsabilidades que fueron transferidas a los estados a finales de los años 90–, pero también otras para desarrollo social, infraestructura y seguridad pública.
El Ramo 33 arrancó con una bolsa para repartir del orden de los 137 mil millones de pesos en 1999. Ésta superó, en el Presupuesto de Egresos de 2014, los 545 mil millones de pesos. Es decir, ha tenido un crecimiento cercano al 300 por ciento.
Durante los últimos 15 años, las entidades federativas se han engullido, sólo por concepto de aportaciones, más de cinco billones
de pesos.
Durante el mismo lapso de 15 años, el Producto Interno Bruto del país pasó de 9.5 billones de pesos a 13.5 billones de pesos (en números redondos, a precios constantes de 2008).
¿No le llama a usted la atención que le haya tomado al país tres lustros crecer 42%, tiempo en que las aportaciones federales a los estados se han incrementado cinco veces más rápido?
La única lógica que puede explicar semejante decisión es política. Una lógica política conveniente para los tres principales partidos, que tienen, todos ellos, intereses en las entidades federativas.
Se entendería que le hubieran quitado a la Federación esos cinco billones de pesos para que ella no los gastara mal. Y para que, en cambio, los gobiernos estatales y las administraciones municipales hicieran un uso más eficiente de los recursos en beneficio de los ciudadanos de esos lugares.
Cuando vemos que el municipio de Iguala, Guerrero, se gastó en sueldos 52.1 millones de los 63.9 millones de pesos que recibió en 2013 de parte de la Federación para la realización de labores de seguridad pública –y, sobre todo, sabiendo que la policía local se coludió con delincuentes y arremetió contra los mismos ciudadanos a los que debía proteger–, ¿acaso podemos concluir que los fondos federales han sido colocados en las mejores manos?
El año pasado, el municipio de Iguala de la Independencia ejerció un presupuesto de 367.3 millones de pesos, de los cuales 261.1 millones (71%) provinieron de participaciones y fondos de aportaciones federales. Iguala de la dependencia.
El caso del estado de Guerrero es peor, pues mientras ese mismo año recibió de la Federación 38 mil millones de pesos, apenas generó como ingresos propios mil 654 millones de pesos. Diga usted si eso no es estar de atenido.
A mí me cuesta mucho trabajo entender que se entreguen recursos federales –que generamos los contribuyentes cautivos– a gobiernos que a todas luces hacen mal uso de ellos, pues no solamente son ineficientes en el gasto de ese dinero sino que, en el caso de Iguala y Cocula, y vaya usted a saber cuántos municipios más, lo emplean en beneficio de actividades delictivas.
A menos de que se compruebe lo contrario, los sueldos que cobraban los policías de esos dos municipios, o al menos una parte de ellos, se los ahorraba el cártel de los Guerreros Unidos.
En resumidas palabras, la Federación ha ayudado a pagar a
sicarios.
Peor aún, a Iguala le han venido entregando recursos de la bolsa del Subsidio para la Seguridad de los Municipios (Subsemun), un programa federal que existe desde 2008 y cuyo objetivo es fortalecer el desempeño de las policías municipales, mediante su profesionalización y mejora de equipos e infraestructura, a fin de “salvaguardar los derechos e integridad de sus habitantes y preservar las libertades, el orden y la paz públicos”.
En enero pasado, Iguala fue incluido, en el número 84, en la lista de 268 municipios del país elegibles para recibir los recursos en 2014.
Existen requisitos para aspirar a los fondos del Subsemun, que a nivel nacional ascienden a cuatro mil 733 millones de pesos. Entre ellos, “entregar una constancia firmada por el Titular del Centro de Evaluación y Control de Confianza correspondiente, en el que se indique que, el Titular de la Institución Policial de Seguridad Pública del beneficiario (Secretario, Director o Comisario de Seguridad Pública Municipal según aplique) ha sido evaluado, o que su evaluación ha sido
programada”.
Yo quisiera saber quién evaluó a Felipe Flores Velázquez, el exdirector de la policía municipal, quien, al igual que el exalcalde José Luis Abarca, está prófugo por el ataque contra los normalistas de Ayotzinapa y la desaparición de 43 de ellos.
Aquí cabe hacer notar que Flores Velázquez es primo de Abarca y hermano de Elías Flores Velázquez, quien hasta hace unos días aparecía como contralor general del
municipio.
Hay muchas explicaciones de cómo llegamos a que policías de un municipio disparen contra civiles y luego se lleven secuestrados a 43 de ellos.
No desdeñemos, como parte de la discusión, las carretadas de dinero público que hemos puesto en manos de autoridades inescrupulosas y perversas.
