AGENCIA
Ciudad de México.- El senador Gerardo Fernández Noroña desató polémica al afirmar que Julio Scherer Ibarra debería enfrentar prisión por revelar presuntos actos de corrupción vinculados a la llamada Cuarta Transformación y al llamado “huachicol fiscal” en su libro Ni venganza ni perdón.
Para el legislador oficialista, exponer irregularidades dentro del círculo cercano del expresidente Andrés Manuel López Obrador constituye una “deslealtad absoluta”, postura que ha sido interpretada por críticos como un intento de criminalizar la denuncia pública y desalentar cualquier cuestionamiento interno.
Las declaraciones de Fernández Noroña han generado debate sobre los límites entre la lealtad política y la rendición de cuentas. Especialistas señalan que en una democracia, la denuncia de posibles actos de corrupción no puede equipararse a un delito, sino que forma parte del ejercicio de transparencia y libertad de expresión.
El libro de Scherer Ibarra aborda presuntos conflictos de interés, presiones políticas y redes de poder que, según el autor, operaron durante el sexenio anterior. En lugar de abrir investigaciones o exigir aclaraciones, la reacción del senador ha sido exigir castigo contra quien hace los señalamientos.
Organizaciones civiles advierten que este tipo de posicionamientos envían un mensaje preocupante: que dentro del movimiento gobernante la crítica interna no es tolerada y que revelar presuntas irregularidades puede tener consecuencias políticas o legales.
El debate ocurre en un contexto donde la lucha contra la corrupción fue uno de los principales estandartes de la 4T. Sin embargo, voces opositoras y analistas sostienen que cuando las acusaciones apuntan al propio entorno del poder, la respuesta oficial tiende a desacreditar o intimidar en lugar de esclarecer.
Así, la postura de Fernández Noroña reaviva la discusión sobre si el compromiso con la transparencia es selectivo o verdaderamente institucional.
