Agencias
Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una nueva línea de investigación por encubrimiento contra su ex titular del Órgano Interno de Control (OIC), Arturo Serrano Meneses, a quien se acusa de presuntamente destruir documentos oficiales durante su remoción del cargo.
Esta indagatoria se suma a la imputación por cohecho, en la que también está involucrado su ex subordinado, Carlos Enrique Rascón Yrízar, por supuestamente solicitar un soborno de 6 millones de pesos para favorecer a una empresa en una licitación del parque vehicular de la institución.
⚠️ Destrucción de pruebas durante operativo
Durante la audiencia inicial, la fiscal Estefanía Arzate Banda reveló que el delito de encubrimiento se habría cometido el 8 de agosto de 2025, cuando autoridades federales ingresaron a las oficinas del OIC para cesar a Serrano.
En ese momento, un fiscal habría sorprendido al ex funcionario y a su equipo destruyendo documentación oficial, lo que derivó en una carpeta de investigación por obstaculizar la acción de la justicia.
💰 Acusación por soborno en licitación
De acuerdo con la FGR, Serrano y Rascón habrían solicitado 6 millones de pesos al empresario José Antonio del Moral Galván, representante de Casanova Rent Volks, a cambio de garantizarle la adjudicación del contrato del parque vehicular para el periodo 2026-2029.
El encuentro donde presuntamente se pactó el soborno ocurrió el 26 de junio de 2025 en un centro de negocios en San Ángel, donde incluso existen videos y registros de GPS que ubican a los implicados en el lugar.
La Fiscalía sostiene que, de no pagar, el empresario sería bloqueado para ganar la licitación.
📊 Posibles penas y contrato millonario
Según las estimaciones, Serrano podría enfrentar penas de hasta 22 años de prisión, mientras que Rascón alcanzaría hasta 14 años.
El contrato finalmente fue adjudicado en enero de 2026 a la empresa Jet Van Car Rental, por un monto de hasta 2 mil 687 millones de pesos, mientras que la empresa denunciante obtuvo una parte menor del acuerdo.
⚖️ Medidas cautelares
El juez Marco Antonio González Cortázar otorgó a los imputados un plazo de 144 horas para definir su situación jurídica.
Como medidas cautelares, les impuso:
- Prohibición de salir del país
- No acercarse a testigos
- Presentación periódica cada 15 días
🔎 Investigación en curso
Aunque la defensa ha rechazado las acusaciones, la FGR sostiene que existen elementos suficientes para considerar los hechos como actos de corrupción.
El caso continúa en proceso y será en los próximos días cuando se determine si los ex funcionarios son vinculados a proceso.
