Agencias
Ciudad de México. – La Fiscalía General de la República (FGR) presentó cargos contra Javier Tapia Santoyo, ex secretario de Administración y Finanzas del Instituto Politécnico Nacional (IPN), por adjudicar contratos por más de 11 millones de pesos a la empresa fantasma Interacción Biomédica cuando se desempeñaba como tesorero del Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE. Se trata de la primera de varias indagatorias que la FGR mantiene en curso en su contra, por diversos hechos de corrupción que ya le valieron la destitución de su cargo en el IPN en 2025.
La judicialización de la carpeta FED/FECC/UNAI-CDMX/0000530/2019 incluye también a dos ex funcionarios del ISSSTE, María Dolores Arellano Sesmas y Rodrigo Alberto Rodríguez Briceño, quienes quedaron vinculados a proceso por el delito de uso ilícito de atribuciones. Según la FGR, en 2018 adjudicaron tres contratos a Interacción Biomédica, pese a que la compañía ya figuraba en el listado del SAT como empresa simuladora de operaciones, para la adquisición de insumos del hospital.
Durante la audiencia inicial, la defensa de Tapia Santoyo solicitó duplicidad de plazo para ofrecer pruebas, y será el próximo 4 de marzo cuando se resuelva su situación jurídica. Mientras tanto, Arellano Sesmas y Rodríguez Briceño recibieron medidas cautelares que les prohíben salir del país y los obligan a firmar mensualmente ante la autoridad.
La empresa Interacción Biomédica es parte de una red de 84 compañías fachada documentadas por la organización TOJIL, que entre 2018 y 2023 recibieron más de 3 mil 300 millones de pesos en recursos públicos. La investigación denominada Clan Biomédica reveló que Tapia Santoyo y sus asociados favorecieron sistemáticamente a estas empresas desde sus cargos en el ISSSTE y posteriormente en el IPN, manteniendo contratos aun con investigaciones en curso por presunto enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Con esta acción, la FGR busca iniciar el proceso judicial que permita sancionar a Tapia Santoyo y a los ex funcionarios implicados, marcando un primer paso en una serie de indagatorias que podrían destapar un esquema de corrupción multimillonario dentro del sector salud y educativo.
