AGENCIA
Nacional.- La Fiscalía General de la República (FGR) detalló el mecanismo mediante el cual César Horacio Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua, presuntamente mezcló recursos públicos del erario estatal para ocultar el origen ilícito de 73 millones 925 mil 995 pesos, de un total de 96 millones 685 mil 253 pesos que no pudo acreditar como de procedencia legal, esquema conocido como “la licuadora”.
El pasado domingo, un juez de Control con sede en Almoloya de Juárez vinculó a proceso a Duarte por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. El exmandatario estatal permanece en prisión preventiva oficiosa en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano, y se concedió un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria.
De acuerdo con la causa penal 142/2024, la cual documenta la investigación iniciada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, el 12 de mayo de 2022 se amplió la denuncia en contra de familiares y personas cercanas a Duarte, así como de diversas empresas presuntamente utilizadas para canalizar y dispersar los recursos. Entre los implicados figuran integrantes de la familia Duarte Gómez y varias personas morales, incluyendo financieras, empresas ganaderas y de servicios.
La carpeta de investigación detalla que, a través de cuentas bancarias, cheques y contratos de inversión, los recursos públicos fueron depositados, mezclados con otros ingresos y posteriormente retirados o reinvertidos, dificultando el rastreo de su origen. Se documentan múltiples operaciones realizadas entre 2011 y 2016, principalmente a través de cuentas en HSBC, vinculadas a empresas como Unión Ganadera Regional División del Norte, Pavimentos y Servicios de Parral y Financiera de la División del Norte.
Un dictamen contable con fecha del 10 de enero de 2024 analiza el flujo del dinero presuntamente derivado del delito de peculado, estableciendo vínculos fiscales y financieros entre Duarte y diversas empresas, así como con familiares cercanos. El análisis concluye que existió una estrategia deliberada para ocultar el origen ilícito de los recursos mediante el uso del sistema financiero nacional.
La causa penal señala que, de manera probable, César Duarte, directa o indirectamente, ocultó y manejó estos recursos a sabiendas de que no podía acreditar su procedencia legal, empleando diversas operaciones financieras para dispersarlos y reutilizarlos.
En paralelo, el fiscal general de Chihuahua, César Jáuregui, rechazó que la gobernadora María Eugenia Campos haya recibido un soborno de 10 millones de pesos por parte de Duarte, como se mencionó durante la formulación de la imputación presentada por la FGR.
¡Hay algunos políticos actualmente que sí están construyendo… Pero el patrimonio de su familia!
Sus familiares deberían ser procesados por enriquecimiento ilícito… Y todos los que se beneficiaron al protegerlo; ¡lo primero que deben hacer en encerrar a Maru Campos por complicidad!
También está documentado que se robó todo el ganado comprado para el mejoramiento genético en el estado, se los llevó a sus ranchos.
