Redacción
La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación contra Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, por su presunta participación en una red de extorsión, tráfico de armas y lavado de dinero que habría operado para favorecer a “Los Rusos”, una facción del Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con un reportaje de investigación de N+, la indagatoria se inició semanas después de que autoridades de Estados Unidos le revocaran la visa a Torres. La carpeta de investigación se basa en una denuncia presentada el 11 de junio de 2025, en la que se le vincula con operaciones del crimen organizado en la frontera norte del país.
Según los documentos a los que tuvo acceso el medio, Torres habría recibido pagos mensuales de hasta 150 mil dólares por parte de Pedro Ariel Mendívil García, exsecretario de Seguridad Pública de Mexicali, a cambio de permitir la operación del grupo delictivo en la entidad.
La investigación señala que la estructura criminal estaría presuntamente encabezada por Luis Alfonso Torres Torres, hermano del exfuncionario, quien habría dirigido operaciones administrativas para el blanqueo de recursos ilícitos mediante empresas y campañas políticas. La denuncia también detalla extorsiones en aduanas, donde se retenían mercancías para exigir pagos millonarios, y la inversión de las ganancias en bienes raíces en Estados Unidos.
Además de Carlos Torres, la carpeta involucra a altos mandos del SAT en Baja California y a figuras políticas como el senador Armando Ayala Robles y el secretario de Gobierno de Tijuana, Arnulfo Guerrero León, quienes ya habrían sido citados a comparecer ante la autoridad federal.
Carlos Torres niega señalamientos
Tras la difusión del reportaje, Carlos Torres emitió un comunicado oficial fechado el 21 de enero de 2026, en el que negó categóricamente las acusaciones y aseguró que todo deriva de una denuncia anónima. En el documento expresó su “respeto profundo al trabajo de las instituciones” y manifestó su disposición para esclarecer lo que calificó como “calumnias”.
Torres recordó que dejó su cargo honorario en el gobierno estatal en junio de 2025, en medio de los señalamientos y la revocación de su visa —hecho que también alcanzó a la mandataria estatal—, y afirmó que “no tiene nada que ocultar”, por lo que pidió que el proceso se resuelva con celeridad para limpiar su imagen pública mientras continúa la investigación federal.
