AGENCIA
CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abiertas las investigaciones sobre el presunto caso de huachicol fiscal relacionado con la empresa Ingemar y el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, al señalar que las indagatorias alcanzan a más compañías presuntamente involucradas en una red de contrabando y distribución ilegal de combustibles.
Durante su conferencia matutina realizada en Cuernavaca, Morelos, la mandataria explicó que las pesquisas no se limitan al aseguramiento de ferrotanques utilizados para el traslado de diésel, sino que abarcan un esquema más amplio de importación, almacenamiento y comercialización de hidrocarburos.
Sheinbaum indicó que, de acuerdo con la información de la FGR, la investigación se desarrolló durante aproximadamente un año y permitió identificar que diversos cargamentos de combustible cruzaron la frontera sin declarar el volumen real de diésel transportado.
La presidenta añadió que las autoridades también investigan la forma en que el combustible era almacenado y distribuido a estaciones de servicio, así como la posible participación de otras empresas y empresarios presuntamente vinculados con la red.
De acuerdo con información publicada por El Universal, la causa penal integra a 11 empresas presuntamente relacionadas con Ingemar. Según la investigación, cuatro de ellas habrían fungido como destinatarias del combustible para su almacenamiento y comercialización, mientras que otras compañías presuntamente simulaban operaciones mercantiles para justificar la transferencia de propiedad de los hidrocarburos y facilitar su distribución.
La FGR continúa con la integración de la carpeta de investigación para determinar las responsabilidades correspondientes. Hasta el momento, las personas y empresas señaladas mantienen la presunción de inocencia mientras no exista una resolución judicial definitiva.
Si durante un año operó una presunta red de contrabando de combustibles con participación de varias empresas, la pregunta es inevitable: ¿Cómo pudo funcionar un esquema de esa magnitud sin que los controles aduanales, fiscales y regulatorios lo detectaran a tiempo?
Combatir el huachicol fiscal implica ir más allá de los discursos. La ciudadanía espera investigaciones imparciales, procesos transparentes y sanciones para todos los responsables, sin importar su poder político o económico.
El contrabando de combustibles no solo representa pérdidas millonarias para las finanzas públicas; también distorsiona la competencia, favorece mercados ilegales y evidencia que las redes de corrupción pueden extenderse a distintos niveles si no existen mecanismos efectivos de supervisión y rendición de cuentas.
