Agencias
Ciudad de México.– A casi un mes del descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido en Oaxaca, que dejó 14 personas muertas y más de 100 lesionadas, la Fiscalía General de la República (FGR) ha optado por una ruta que ya genera polémica: concentrar toda la responsabilidad penal en trabajadores operativos, mientras descarta investigar a mandos superiores del proyecto y cierra la puerta a indagar posibles responsabilidades políticas, entre ellas las relacionadas con Gonzalo López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Una jueza federal con sede en Chiapas libró órdenes de aprehensión contra Emilio Erasmo Canteros Méndez, Felipe de Jesús Díaz Gómez y Ricardo Mendoza Cerón, trabajadores del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas, derivados del siniestro ocurrido el 28 de diciembre de 2025 en el tramo Chivela–Nizanda, en Oaxaca.
De acuerdo con la resolución judicial, el maquinista Emilio Erasmo Canteros es señalado como el principal responsable operativo, al conducir el tren a 65 kilómetros por hora, pese a que el límite permitido era de 50 km/h, lo que habría provocado el descarrilamiento en una curva pronunciada. La jueza también consideró relevante que no contaba con licencia federal ferroviaria vigente, al igual que el conductor Felipe de Jesús Díaz Gómez.
En el caso de Díaz Gómez, la FGR lo acusa de no accionar el freno de emergencia, pese a tener conocimiento del exceso de velocidad y de que el tren transportaba a más de 200 personas. Esta omisión, según la resolución, fue determinante para que la unidad no pudiera detenerse antes del accidente.
El tercer implicado, Ricardo Mendoza Cerón, jefe de despachadores, es acusado de omitir labores de supervisión, pese a contar con facultades para intervenir y frenar la marcha del convoy. Aunque no viajaba en el tren, la jueza consideró que su inacción contribuyó al desenlace fatal.
La FGR sostiene su acusación en más de 50 pruebas, entre ellas peritajes técnicos, análisis de cajas negras, dictámenes médicos y reportes de mantenimiento, con los que concluye que la vía férrea se encontraba en condiciones operativas, descartando fallas estructurales y, con ello, excluyendo responsabilidades penales para la empresa operadora y los altos mandos del proyecto.
La sombra política que la FGR no investiga
La investigación ha sido duramente cuestionada por limitarse a los eslabones más bajos de la cadena, mientras deja fuera cualquier revisión sobre decisiones administrativas, de supervisión estratégica o de influencia política en una de las obras emblemáticas del sexenio pasado.
En 2024, el propio expresidente Andrés Manuel López Obrador reconoció públicamente que su hijo, Gonzalo “Bobby” López Beltrán, participó como supervisor honorífico del proyecto del Tren Interoceánico, apoyando —según sus dichos— en el avance de obras, el tendido de vías y la construcción, aunque sin cargo formal ni salario.
Tras el accidente, el PRI y otras fuerzas políticas exigieron auditar contratos y obras vinculadas a personas cercanas a López Beltrán, así como investigar posibles conflictos de interés. También se han mencionado en medios negocios relacionados con el suministro de materiales, como el balasto para las vías, ligados a personajes del círculo cercano del hijo del expresidente, señalamientos que hasta ahora no han sido abordados por la FGR.
Líderes opositores como Xóchitl Gálvez han insistido en que la investigación debe llegar “hasta donde tope”, incluso si ello implica revisar la participación de familiares del poder. Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum ha deslindado públicamente a López Beltrán de cualquier responsabilidad técnica, al reiterar que su papel fue únicamente honorífico.
Una investigación incompleta
Hasta el momento, no existe ninguna acusación formal contra los hijos de López Obrador, ni contra altos funcionarios responsables del diseño, supervisión y operación del Tren Interoceánico. La única vía penal que avanza es la que apunta contra trabajadores operativos, mientras las decisiones de fondo, la cadena de mando y la responsabilidad política permanecen intactas.
Para las familias de las víctimas, el mensaje es claro: la justicia avanza hacia abajo, pero se detiene en la cima.
