Agencias
México.- La Fiscalía General de la República (FGR) atribuye a la organización criminal encabezada por los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, sobrinos políticos del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán, la ejecución de tres integrantes de la Marina Armada de México y una trabajadora de la Fiscalía General de la República en Colima, presuntamente por denunciar una red de huachicol fiscal operada desde aduanas del país.
De acuerdo con las investigaciones, la estructura criminal utilizaba violencia extrema para silenciar a quienes intentaban revelar el funcionamiento de la red dedicada al ingreso ilegal de hidrocarburos a territorio nacional. Entre las víctimas identificadas se encuentran el contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, la empleada de la FGR Magali Janet Nava Ramos, así como los capitanes de navío Abraham Jeremías Pérez Ramírez y Adrián Omar del Ángel Zúñiga.
La FGR sostiene que el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, actualmente preso en el penal del Altiplano, y el contralmirante Fernando Farías Laguna, detenido en Argentina en espera de extradición, encabezaban una red con capacidad de infiltración y control en diversas aduanas del país.
Según el expediente, Fernando Rubén Guerrero Alcántar había denunciado ante altos mandos de la Secretaría de Marina que los hermanos Farías colocaban personal de confianza en puestos estratégicos para facilitar las operaciones ilícitas. El contralmirante fue asesinado en noviembre de 2024 en Manzanillo, presuntamente tras ser ubicado mediante información filtrada desde la propia Semar.
En tanto, Magali Janet Nava Ramos, trabajadora de la delegación de la FGR en Colima, fue asesinada luego de conocer detalles sobre la operación de la red de huachicol fiscal y presuntamente intentar denunciarla. La Fiscalía señala que ambos crímenes presentan el mismo patrón de ejecución: sicarios en motocicleta, armas calibre 9 milímetros y apoyo de otros vehículos.
Las autoridades también investigan la muerte del capitán Abraham Jeremías Pérez Ramírez, localizado sin vida en Tamaulipas, así como la del capitán Adrián Omar del Ángel Zúñiga, ambos vinculados con las investigaciones sobre contrabando de hidrocarburos.
La FGR considera que estos hechos evidencian el nivel de operación, corrupción y violencia de la organización criminal, así como el riesgo que representa para las instituciones de seguridad y justicia en México.
