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Figueroa compra prensa con $200; sus obras deberían de hablar

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Efraín Hernández 
El Buen Tono 

Amatlán.- Con el pago de 200 pesos por nota, el alcalde, Luis Arturo Figueroa Vargas, pretende imponer una imagen positiva de su administración en medios de comunicación de Orizaba, a pesar de los múltiples señalamientos de corrupción en su contra.
Además de lo anterior, existen deficiencias en los servicios públicos, inseguridad creciente y un proceso electoral municipal impugnado en el que él y su esposa están directamente involucrados.
En sus recientes declaraciones públicas, aseguró que entregará una administración en orden; sin embargo, omitió presentar documentos, contratos o licitaciones que respalden sus afirmaciones.
Tampoco proporcionó detalles sobre las empresas beneficiadas ni la supervisión de los proyectos de infraestructura de los que habló.
Cabe hacer notar que en distintas localidades persisten reclamos por abandono de trabajos, uso de materiales de baja calidad y mala planeación de las acciones.
La falta de infraestructura es una constante fuente de inconformidad entre los habitantes.
Con respecto al servicio de limpia, continúa siendo deficiente en numerosas comunidades, donde los desechos permanecen acumulados por días, lo que expone la salud de las personas.
Con respecto al cierre del cuatrienio, Figueroa Vargas y su esposa Daniela Alfaro Canseco, candidata perdedora del Partido del Trabajo, mantienen impugnado el resultado de la elección municipal bajo el argumento de irregularidades, con el propósito de obtener en tribunales lo que no lograron en las urnas.
A ello se suman observaciones pendientes por parte del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (Orfis), que detectó inconsistencias en la documentación administrativa y el manejo de recursos públicos durante su gestión.
En medio de un escenario marcado por la inconformidad ciudadana, la inseguridad y la falta de transparencia, Luis Arturo Figueroa Vargas recurre al pago de notas en medios externos como estrategia de control de daños que existen.
A cuatro meses de concluir su mandato, su administración enfrenta un creciente descrédito que no logra ocultar con propaganda pagada a cargo del erario público.

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