De la Redacción
El Buen Tono
Córdoba.- El informe financiero de octubre 2025, firmado por la síndica Vania López, expone millones de pesos en anticipos no justificados y una deuda que amarra las finanzas hasta 2034. Quien debió fiscalizar internamente, y su hermana, tendrán curul en el próximo cabildo.
Con la firma de López González, el ayuntamiento avaló un documento que confirma graves omisiones en la gestión de los recursos públicos: 23.4 millones de pesos en anticipos a contratistas sin justificación y una deuda heredada que seguirá estrangulando las participaciones federales por una década más.
Y quien tuvo la responsabilidad legal de vigilar el buen uso del erario como síndica, y que respalda este estado de cuentas, asumirá como regidora en la próxima administración, donde también ocupará curul su hermana, planteando un serio conflicto de interés y un riesgo claro para la fiscalización independiente.
El informe “Notas a los Estados Financieros de octubre de 2025” es el último balance de la administración 2022-2025. Lo firman, por tanto, los responsables de esta gestión: el alcalde Juan Martínez, la regidora tercera Georgina Andrea Aguilar, la tesorera Rosa María Velasco y, de manera crucial, la síndica Vania López.
LOS ANTICIPOS
Bajo el rubro de “Derechos a recibir bienes o servicios”, admite un saldo de $23,459,831.34 en anticipos a contratistas. La explicación es evasiva y técnica. El texto señala:
“El saldo de anticipos a contratistas, corresponde a anticipos otorgados de las obras que se quedaron en proceso, pero que a la fecha están liquidadas en su totalidad”.
Y es que, si las obras están liquidadas, el anticipo debe estar rendido y saldado. Su persistencia como saldo sugiere una falta de control y exigencia de comprobación. Más grave aún, el reporte detalla que $2.8 millones de este monto corresponden a “administraciones pasadas sin amortizar”, demostrando que la administración saliente, con la síndica López González en funciones, fue incapaz de sanear este adeudo interno.
La síndica, cuya función esencial es precisamente prevenir y vigilar este tipo de irregularidades en el manejo de fondos, firmó un documento que la cuestiona. Y lejos de asumir una consecuencia por esta aparente falla en la fiscalización interna, ascenderá a un puesto de regidora en el próximo cabildo.
Además, el informe confirma la vigencia de una deuda bursátil por $42 millones, contraída en 2008 por el gobierno estatal para la tenencia vehicular, y que los municipios siguen pagando. “Afectando los ingresos derivados de la recaudación del 100% de dicho impuesto, con cargo a las participaciones federales que reciban los municipios. Año de Contratación 2008, plazo de la deuda 28 años”.
Esto significa que hasta 2034, los recursos que llegan para pavimentación, alumbrado y servicios se desviarán para pagar una decisión de hace 17 años. La administración saliente, y por extensión la síndica, no pudieron o no buscaron renegociar o liberar al municipio de esta carga asfixiante.
