

AGENCIA
Ocosingo.- La muerte de Fátima “N”, joven abogada y funcionaria de la Fiscalía de Distrito en Ocosingo, Chiapas, ha provocado una fuerte controversia entre la versión oficial de las autoridades y el señalamiento de organizaciones civiles que denuncian un posible feminicidio.
El cuerpo de la joven fue localizado sin vida el pasado domingo al interior de su vivienda, ubicada en el barrio Guadalupe. Tras el hallazgo, la Fiscalía General del Estado de Chiapas informó que los primeros peritajes determinaron que la causa de muerte fue un suicidio por asfixia mecánica por ahorcamiento, al tratarse, según el dictamen forense, de una lesión auto infligida.
De acuerdo con la autoridad estatal, el cuerpo no presentaba signos de violencia externa ni lesiones defensivas, y tampoco se encontraron indicios forenses que sugirieran la participación de terceras personas. Con base en estos elementos y en la necropsia legal practicada, la Fiscalía concluyó de manera preliminar que se trató de un suicidio.
No obstante, la dependencia precisó que la investigación permanece abierta y que continúan las diligencias de campo, así como el análisis de videovigilancia, con el objetivo de esclarecer por completo los hechos.
La versión oficial contrasta con la postura de la colectiva feminista “50 más 1 Chiapas”, que horas antes del pronunciamiento de la Fiscalía emitió un comunicado en el que expresó su “profunda indignación y enérgica condena” por lo que calificó como el feminicidio de Fátima, al que señalaron como el primero registrado en la entidad en lo que va de 2026.
En su posicionamiento, la colectiva subrayó que la víctima era abogada y funcionaria de la propia Fiscalía en Ocosingo, y exigió a las autoridades una investigación exhaustiva bajo el protocolo de feminicidio para evitar que el caso quede en la impunidad y se sancione a los responsables.
El pronunciamiento también puso el foco en la situación de violencia contra las mujeres en el municipio de Ocosingo, al advertir que no se trata de un hecho aislado. La organización calificó a la demarcación como un “foco rojo” y criticó la falta de acciones contundentes por parte de las autoridades municipales para enfrentar la violencia de género.
La colectiva exigió al ayuntamiento asumir su responsabilidad en la protección de las mujeres y dejar de actuar, señalaron, como un mero espectador ante los hechos de violencia. Asimismo, insistieron en que no bastan los discursos y que se requieren políticas públicas efectivas y estrategias reales de prevención.
Ante la presión social, la Fiscalía estatal aseguró que, independientemente de la conclusión forense inicial, la investigación se inició con apego al protocolo de actuación con perspectiva de género para indagar el delito de feminicidio.
El esclarecimiento del caso y su desenlace final dependerán de las pruebas que se obtengan en las siguientes etapas de la investigación, así como de la transparencia con la que la autoridad informe sus resultados tanto a la familia de Fátima como a la sociedad.
