Xalapa, Ver, 21 de en enero de 20/6.- La fiscal general del Estado, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, aseguró que en Veracruz no se persigue a personas, sectores, grupos ni profesionales, y mucho menos a periodistas o comunicadores, al referirse al proceso legal que enfrenta el periodista de Coatzacoalcos, Rafael León Segovia, conocido como “Lafita León” a quien se presume fabricaron el delito de “terrorismo” que fue desestimado.
Durante su comparecencia ante el Congreso del Estado y en respuesta a cuestionamientos expresos sobre el presunto delito de “terrorismo” atribuido al comunicador, la fiscal explicó que la Fiscalía no determina de manera unilateral los delitos por los que una persona es procesada, ya que esa facultad corresponde exclusivamente al Poder Judicial, de esta forma se deslindo de su responsabilidad en el caso.
“Cuando se habla de una orden de aprehensión, la orden de aprehensión es única y exclusivamente un medio de conducción ante un juez por determinados hechos. El juez es quien precisa justamente en el auto de vinculación a proceso”, señaló.
Jiménez Aguirre precisó que, en el caso concreto del periodista Rafael “N”, quedó claramente establecido que fue vinculado a proceso por los delitos de contra las instituciones de seguridad pública y encubrimiento por favorecimiento, y no por terrorismo, como se ha señalado públicamente en algunos espacios.
Añadió que al comunicador se le impuso una medida cautelar específica, por lo que continúa sujeto al proceso judicial bajo esas condiciones, subrayando que es el juez quien determina la clasificación jurídica de los hechos imputados.
“Entonces, no podemos hablar de una persecución sistemática. Por el contrario, esta fiscalía respeta sin duda el ejercicio profesional de los periodistas y comunicadores, que son éticos, honorables y realizan una labor muy respetable al mantener informada a la sociedad”, afirmó.
Cabe recordar que Rafael León Segovia, periodista de nota roja en Coatzacoalcos, fue beneficiado a finales de diciembre del año pasado con la medida cautelar de prisión domiciliaria o resguardo domiciliario por un año, mientras continúan las investigaciones en su contra.
