DE LA REDACCIÓN
EL BUEN TONO
Córdoba /
Xalapa.– La Fiscalía General del Estado de Veracruz se ha convertido en un aparato de persecución selectiva, donde la ley se aplica a conveniencia política y se ignoran deliberadamente las denuncias que incomodan al poder, particularmente aquellas interpuestas por medios críticos y periodistas.
El caso de Rafael “Lafita León” confirma esta simulación institucional: tras inflar acusaciones que no se sostuvieron, como el presunto terrorismo, la FGE terminó desestimando los delitos más graves y conformándose con una vinculación menor por encubrimiento, rematada con una medida cautelar cómoda: resguardo domiciliario por un año. Justicia “ejemplar”, pero solo en el discurso.
La fiscal general, Lizbeth Aurelia Jiménez Aguirre, volvió a recurrir al viejo recurso de la rueda de prensa blindada, sin preguntas ni rendición de cuentas, evidenciando el temor de la institución a ser confrontada con los expedientes congelados, las omisiones y las complicidades internas.
Mientras la Fiscalía actúa con rapidez cuando así le conviene, en Córdoba siguen sepultadas denuncias por daño a propiedad federal, como el corte deliberado de antenas de Radio Banana, así como querellas por acoso y hostigamiento contra periodistas, todas debidamente presentadas ante el Ministerio Público.
No se trata de errores administrativos ni de falta de pruebas, sino de una decisión política: no tocar a quienes agreden a la prensa y castigar o intimidar a quienes alzan la voz. La omisión también es delito, y en este caso, es sistemática.
La responsabilidad no puede seguir cargándose únicamente a la titular de la FGE. Es urgente investigar a todos los fiscales regionales, ministerios públicos y su red de operadores, quienes han convertido las fiscalías en oficinas de encubrimiento, donde los expedientes se pierden, se archivan o simplemente no avanzan si el denunciante es incómodo.
En regiones como Córdoba, Orizaba y la zona Centro, los fiscales regionales han tolerado agresiones, sabotajes y amenazas sin mover un solo expediente, demostrando que la impunidad es una política institucional, no una falla aislada.
