Efraín Hernández
El Buen Tono
Fortín.- Mientras a cientos de familias fortinenses se les corta el suministro por retrasos mínimos en sus pagos, una de las funcionarias más cercanas al alcalde Gerardo Rosales Victoria mantiene una deuda de 16 mil 733 pesos con la Comisión de Agua y Saneamiento de Fortín (CASF), sin que se le toque un solo tubo.
Se trata de Dulce María Vargas Ruiz, directora de Desarrollo Humano, quien pese a su evidente morosidad, sigue recibiendo el servicio con total normalidad gracias a la complicidad del propio presidente municipal y de una de sus operadoras, Miriam Toledano. Ambos habrían ordenado que no se le suspendiera el suministro, confirmando que el tráfico de influencias y el abuso del poder son práctica común en la actual administración.
Cualquier ciudadano común, con una deuda mucho menor, ya habría sido víctima de cortes, notificaciones y amenazas por parte del organismo operador, pero el favoritismo hacia la funcionaria ha dejado en evidencia la arbitrariedad con la que actúa la CASF sometida a los caprichos del poder.
El descontento crece entre la población que exige un trato justo, mientras los protegidos del régimen municipal gozan de privilegios insultantes, incluso en temas tan sensibles como el acceso al agua. La complicidad, el cinismo y la corrupción se han vuelto la norma en Fortín.
