AGENCIA
Chilapa de Álvarez, Guerrero.- Funcionarios del Gobierno del Estado, entre ellos Francisco Rodríguez Cisneros, subsecretario de Desarrollo Político y Social, fueron retenidos este lunes cuando se dirigían a la comunidad de Alcozacán para reunirse con familias indígenas desplazadas por la violencia en la Montaña Baja de Guerrero.
De acuerdo con el Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), el convoy oficial fue interceptado en el crucero de la comunidad de El Jagüey, sobre la carretera Chilapa–José Joaquín de Herrera, presuntamente por personas vinculadas al grupo criminal “Los Ardillos”.
El funcionario estatal acudiría a un encuentro con habitantes de las comunidades de Tula, Xicotlán y Ahuehuetlán, quienes abandonaron sus hogares tras recientes ataques armados con rifles de alto poder y drones cargados con explosivos.
Pese a que el Gobierno del Estado aseguró que en la región existe presencia del Ejército Mexicano, Policía Estatal y organismos de derechos humanos, los pobladores han denunciado mediante videos que continúan sin recibir protección efectiva y viven bajo amenaza constante.
En medio de la crisis, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan reportó la desaparición de 13 personas originarias de la comunidad de Xicotlán.
Según la organización, familiares de las víctimas han iniciado brigadas de búsqueda por su cuenta, pese al riesgo de nuevos ataques, debido a la ausencia de acciones contundentes por parte de las autoridades.
Tlachinollan informó que desde el 2 de mayo se recrudeció la violencia en la zona, provocando el desplazamiento de cientos de familias indígenas que se refugiaron en cerros y comunidades vecinas para proteger a sus hijos.
La organización advirtió que la disputa territorial entre grupos criminales ha dejado al menos 76 asesinatos y 25 desapariciones en los últimos años en esta región de Guerrero.
Ante la gravedad de la situación, defensores de derechos humanos exigieron a los gobiernos federal y estatal la localización inmediata de los desaparecidos, la protección de las familias desplazadas y el restablecimiento de la seguridad en las comunidades indígenas de Chilapa.
