Agencias
Ciudad de México.- La reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum no solo dejó un costo político tras su rechazo parcial en el Congreso, sino también un gasto cercano a los 9 millones de pesos en encuestas financiadas con recursos públicos.
De acuerdo con información disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, encabezada por José Antonio Peña Merino, otorgó siete contratos por adjudicación directa a distintas casas encuestadoras para medir la opinión ciudadana sobre la iniciativa.
Los contratos, firmados el 28 de noviembre —cuatro meses después del anuncio de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral—, incluyeron pagos que van desde los 85 mil hasta 1.8 millones de pesos a empresas como Enkoll, Mendoza Blanco & Asociados, Covarrubias y Asociados, Buendía & Laredo, Demotecnia 2.0, así como a dos personas físicas.
Sin embargo, la información pública no detalla aspectos clave como el número de encuestados, el periodo de levantamiento ni el contenido de los cuestionarios, lo que ha generado cuestionamientos sobre la transparencia y utilidad de estos estudios.
La iniciativa de reforma, presentada el 4 de marzo, terminó por fracasar en el Congreso luego de que incluso partidos aliados como el PT y el PVEM votaran en contra de puntos clave, como la eliminación de legisladores plurinominales. Ante ello, el Gobierno federal impulsó un “Plan B” con cambios más limitados, dejando atrás la propuesta original.
El caso ha generado críticas al evidenciar un gasto millonario en estudios que no lograron sostener una iniciativa que terminó debilitada políticamente, reavivando el debate sobre el uso de recursos públicos y la efectividad de las decisiones gubernamentales.
