AGENCIA
Nacional.- Durante la gestión de Alejandro Gertz Manero como fiscal general, la Fiscalía General de la República (FGR) acumuló un récord histórico de expedientes abiertos por presuntas irregularidades cometidas por su propio personal. De acuerdo con los informes del Órgano Interno de Control (OIC) presentados ante la Cámara de Diputados desde 2019 hasta junio de 2025, se han iniciado 15 mil 243 investigaciones administrativas contra funcionarios por faltas graves y no graves, lo que evidencia un incremento sostenido en los señalamientos de corrupción, abuso y deficiencias al interior de la dependencia encargada de procurar justicia en el país.
La mayoría de los expedientes corresponde a faltas clasificadas como “no graves”, relacionadas con omisiones en declaraciones patrimoniales, deficiencias en el servicio, desacato, o faltas de respeto entre personal y hacia la ciudadanía. Aunque estos casos no constituyen delitos, sí representan señales de alarma y posibles actos de corrupción. Sin embargo, las faltas graves también tuvieron un crecimiento significativo: de registrar apenas una o dos por año en los primeros periodos, 2023 cerró con 12 expedientes por delitos como abuso de funciones, desvío de recursos o cohecho; 2024 registró 10, y en los primeros meses de 2025 ya suman tres.
De las faltas graves, 58 por ciento (%) corresponde a abuso de funciones, 17% a desvío de recursos, otro 17% a cohecho y 8% a desacato.
El aumento de investigaciones cobró fuerza a partir de 2019, año en que Gertz Manero asumió como el primer fiscal general tras la transición de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) a la FGR, promesa de autonomía que buscaba depurar las malas prácticas y fortalecer el Estado de derecho. En ese año se abrieron mil 355 expedientes, por arriba de los mil 66 registrados en 2018.
Aunque 2020 registró una ligera baja -mil 162 expedientes-, el propio OIC atribuyó la caída a las restricciones derivadas de la pandemia y, al mismo tiempo, reconoció un retraso en la resolución de casos. Mientras entre 2019 y 2020 sólo quedaron pendientes 101 expedientes, para 2021 la cifra se disparó a 584, generando un rezago acumulado que continuó en los años posteriores.
El punto más crítico llegó en 2023, cuando se abrieron 2 mil 801 nuevas investigaciones, la cifra más alta desde la creación de la FGR. Para 2024 se alcanzó otro máximo: 4 mil 20 expedientes administrativos en un solo año, lo que aún supera cualquier registro anterior, incluso los de la antigua PGR. En los informes del mismo año se detalla que más de 39% de los pendientes correspondían a 2023 y que incluso seguía sin resolverse un expediente heredado desde 2019.
Desde 2022, el OIC entrega informes de manera semestral; sin embargo, la acumulación de expedientes sin concluir muestra que la fiscalía vive un ciclo de señalamientos internos sin resultados concluyentes.
Aunque la promesa de autonomía buscaba depurar y transparentar la procuración de justicia en México, las cifras muestran una institución que enfrenta crecientes señalamientos por irregularidades cometidas desde su propia estructura operativa, mientras miles de expedientes permanecen abiertos sin resolución definitiva.
