*Cabildo aprueba dictamen con cláusula de salvaguarda para evitar responsabilidades por actos de la administración 2022-2025.
José Juan
El Buen Tono
Fortín, Ver.- Inconsistencias críticas detectadas en el dictamen de entrega-recepción de la administración municipal 2022-2025 podrían comprometer recursos públicos y derivar en responsabilidades administrativas, civiles o penales, por lo que desde el Cabildo se dejó en claro que no habrá complicidad ni encubrimiento de actos de corrupción relacionados con la gestión encabezada por Gerardo Rosales Victoria, postura que fue expuesta durante la sesión en la que se aprobó dicho punto por el regidor primero, Jesús Flores Vázquez.
Durante la sesión de Cabildo del lunes, se solicitó que se incorporara una cláusula de salvaguarda para dejar asentado que la recepción del expediente no convalida la legalidad de los actos realizados por la administración saliente ni extingue acciones civiles, penales o administrativas que pudieran derivarse del análisis del documento.
Se explicó que la aprobación del dictamen tiene como finalidad documentar las irregularidades detectadas, prevenir responsabilidades por omisión y activar mecanismos correctivos que permitan proteger el patrimonio municipal, precisando que el Cabildo no asumirá corresponsabilidad por anomalías heredadas.
En la exposición se advirtió que las inconsistencias identificadas podrían generar observaciones posteriores por parte de los órganos fiscalizadores, por lo que se recomendó aprobar el dictamen únicamente como un registro de la situación administrativa, sin que ello implique la liberación de responsabilidades de los exservidores públicos.
Entre los principales señalamientos se encuentra la existencia de deuda pública sin soporte documental suficiente, al carecer el expediente de contratos, autorizaciones y registros indispensables. En materia de obra pública, se detectaron discrepancias entre los avances físicos y los pagos realizados, así como obras reportadas como concluidas pero que no están en operación, como los parques de Monte Salas y Santa Lucía Potrerillo, que presentan sobrecostos y falta de conexión a redes.
