AGENCIAS
Ciudad de México.- Un día antes de dejar su cargo, Manuel Marcué Díaz, entonces director general de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación, autorizó la operación de apuestas por internet a dos empresas relacionadas, mediante sus integrantes, con el entorno empresarial y familiar de Amílcar Olán, empresario cercano a los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
De acuerdo con una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), publicada el 13 de octubre de 2026 y retomada por Agencia Reforma, el permiso fue firmado el 28 de junio de 2023 para que Superjuegos Robin y Operadora de Entretenimientos y Espectáculos Deportivos Luxury de México captaran apuestas a través de las plataformas Betwarrior.mx y Betwarrior.com.mx. Marcué Díaz dejó el cargo al día siguiente.
Los registros corporativos identificaron entre los integrantes de las empresas a Jesús Medina Córdova, contador vinculado con Olán, y a Amílcar Aparicio Sánchez, abuelo materno del empresario. La investigación también documentó la participación de Víctor Hugo Rosales Angulo en el consejo de administración de Luxury de México, así como vínculos de su entorno familiar con un desarrollo inmobiliario relacionado con Olán.
PERMISOS Y CONTRATOS BAJO ESCRUTINIO
La investigación señala que, en marzo de 2023, Marcué Díaz había ampliado hasta septiembre de 2039 la vigencia de un permiso de Superjuegos Robin para operar un casino en Chihuahua. La empresa contaba con autorización federal desde 2021 y posteriormente recibió el aval para ofrecer apuestas en línea junto con Luxury de México.
La trayectoria del funcionario también quedó bajo cuestionamiento por su paso por el gobierno de Tabasco, durante la administración de Adán Augusto López Hernández. En ese periodo, Marcué Díaz encabezó la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud estatal, desde donde, según investigaciones previas de MCCI, se otorgaron contratos por más de 214 millones de pesos a Romedic, empresa propiedad de Amílcar Olán.
Posteriormente, cuando López Hernández llegó a la Secretaría de Gobernación, Marcué Díaz fue nombrado director general de Juegos y Sorteos, cargo desde el cual autorizó las operaciones de apuestas digitales.
VÍNCULOS DOCUMENTADOS, RESPONSABILIDADES NO ACREDITADAS
La investigación periodística advierte que los registros mercantiles muestran relaciones empresariales y familiares entre personas del entorno de Olán y las compañías beneficiadas, pero no permiten confirmar que el empresario fuera propietario directo de las empresas al momento de recibir la autorización. Tampoco presenta pruebas de que Adán Augusto López haya firmado personalmente los permisos o instruido su otorgamiento.
Los hallazgos documentan las fechas de las autorizaciones, la ampliación de la vigencia del permiso y los vínculos corporativos identificados. Sin embargo, no establecen por sí mismos que las autorizaciones hayan sido ilegales ni que exista una sentencia judicial que determine responsabilidades penales.
El caso vuelve a poner bajo escrutinio la concesión de permisos de apuestas durante el gobierno de López Obrador y las relaciones entre funcionarios y empresarios cercanos al entorno familiar del expresidente, a partir de documentos y registros examinados por la investigación periodística.
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