AGENCIA
Quintana Roo.- Andrés Manuel López Obrador, publicó un nuevo decreto para la expropiación de una superficie total de 549 mil 055.07 metros cuadrados, correspondientes a 23 inmuebles de propiedad privada, en los municipios de Tulum, Felipe Carrillo Puerto, Bacalar y Othón P. Blanco, a favor de la Federación para la ejecución del Tramo 6 del Proyecto Tren Maya.
De estos 23 predios, nueve pertenecen al municipio de Tulum, siendo el más afectado en esta ocasión; cinco al municipio de Felipe Carrillo Puerto; cinco al de Othón P. Blanco, y cuatro al municipio de Bacalar.
Dicha expropiación incluye las construcciones e instalaciones que se encuentren en los bienes inmuebles y que formen parte de ellos, de acuerdo a dicho decreto publicado este jueves en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Tanto el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), como Fonatur Tren Maya, S.A. de C.V. y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), deben coordinarse para cubrir con su presupuesto autorizado el monto de la indemnización que en términos de ley debe pagarse a quienes acrediten su legítimo derecho, de conformidad con los avalúos que emitió el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales.
Para ello, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación de este decreto, los interesados podrán acudir al procedimiento judicial a que se refiere el Artículo 11 de la Ley de Expropiación, con el único objeto de controvertir el monto de la indemnización.
Fue el pasado 1 de febrero de 2023, que la Sedatu emitió una resolución en la que confirma la causa de utilidad pública establecida en la “Declaratoria de causa de utilidad pública relativa a 2 millones 299 mil 274.452 metros cuadrados, correspondientes a 139 inmuebles de propiedad privada en los municipios de Tulum, Felipe Carrillo Puerto, Othón P. Blanco y Bacalar, en el estado de Quintana Roo, que serán destinados para la construcción de obras de infraestructura pública relacionadas con el Proyecto Tren Maya”, de tal manera que con respecto a estos 23 bienes inmuebles de propiedad privada, era necesario que el Ejecutivo Federal decretara su expropiación.
