En un movimiento que ha encendido las alarmas en círculos políticos y de derechos civiles, el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), actualmente dirigido de forma interina por Elon Musk, ha recibido autorización para acceder a uno de los sistemas más sensibles del Departamento de Justicia de Estados Unidos: la base de datos del Sistema de Tribunales y Apelaciones de la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Casos de Inmigración (ECAS).
De acuerdo con documentos obtenidos por The Washington Post, cerca de media docena de asesores del DOGE tendrán acceso directo a información detallada de inmigrantes —documentados o no— que han tenido contacto con el sistema judicial migratorio. Entre los datos almacenados se encuentran nombres, direcciones, testimonios ante las cortes, interacciones con fuerzas del orden, y mucho más.
👉 ¿Qué buscan exactamente?
Hasta ahora, no está claro qué tipo de información espera encontrar el DOGE ni con qué finalidad será utilizada. Sin embargo, este no es un hecho aislado. La semana pasada, este mismo departamento —en conjunto con el Departamento de Seguridad Interna— ya había solicitado datos sensibles del sistema de salud pública, aparentemente para rastrear a inmigrantes indocumentados.
📛 Preocupaciones crecientes
El acceso masivo a información privada no se ha limitado al ámbito migratorio. El mes pasado, una jueza federal bloqueó temporalmente el acceso del DOGE a los sistemas de la Seguridad Social, luego de que se descubriera que diez personas afiliadas al departamento tenían acceso ilimitado a registros personales de millones de estadounidenses.
Dichos registros contenían desde números de Seguro Social, historiales médicos y de salud mental, hasta datos fiscales, bancarios, y de antecedentes migratorios. La preocupación sobre un posible abuso de poder y violaciones a la privacidad no ha dejado de crecer.
💬 ¿Gobernanza o vigilancia?
Para muchos, el hecho de que Elon Musk —una figura polémica por sus posturas políticas y su cercanía con la administración actual— esté al frente de este departamento solo intensifica las dudas sobre el verdadero propósito del DOGE. ¿Estamos ante un intento de mejorar la eficiencia gubernamental o frente a una estrategia de vigilancia estatal sin precedentes?
