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Gobierno de Jalisco condena ingreso de Alcaldesa de Nayarit a comunidad wixárika

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AGENCIA

Mezquitic, Jalisco.- El Gobierno de Jalisco condenó enérgicamente la incursión de la presidenta municipal de El Nayar, Imelda Escobedo, en la comunidad indígena wixárika de San Andrés Cohamiata, calificándola como una violación a la soberanía estatal y a la autonomía de los pueblos originarios.

La funcionaria nayarita ingresó el pasado jueves al territorio del municipio jalisciense de Mezquitic, acompañada por integrantes de su gabinete y elementos de la Policía Municipal, realizando actos de gobierno, pese a una suspensión vigente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que prohíbe cualquier intervención por parte de autoridades de Nayarit en esa zona en disputa.

Retención y liberación tras mesa de diálogo

Como respuesta, miembros de la comunidad retuvieron a la alcaldesa, a su equipo de trabajo y a los policías que la escoltaban, lo que generó la intervención inmediata del Gobierno de Jalisco, que estableció una mesa de negociación con representantes del Gobierno de Nayarit y del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).

Gracias a estos esfuerzos, la alcaldesa fue liberada sin incidentes mayores y escoltada de regreso a su municipio por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Violación a suspensión judicial

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, enfatizó que la incursión representa un desacato a la suspensión judicial emitida por la SCJN en el marco de la controversia constitucional 108/2018, que impide a autoridades nayaritas ejercer actos de gobierno en el territorio jalisciense.

“No vamos a permitir que se violente la soberanía del estado ni que se haga promoción política en comunidades ajenas. Si vuelve a ocurrir, tomaremos acciones legales más severas”, advirtió el mandatario estatal.

Posibles consecuencias legales

El Gobierno de Jalisco anunció que dará vista a la Suprema Corte para que determine las responsabilidades legales de la presidenta municipal por el desacato. Además, reiteró su compromiso de respetar los derechos de los pueblos indígenas y defender la integridad territorial del estado.

Asimismo, se informó que continuará una coordinación permanente con el Gobierno de Nayarit para asegurar el cumplimiento de las disposiciones dictadas por el máximo tribunal del país.

Un conflicto territorial sin resolver

Este conflicto tiene su origen en un decreto emitido en 2018 por el Gobierno de Nayarit que intentaba modificar los límites territoriales entre ambas entidades, lo cual afectaría directamente a la comunidad de San Andrés Cohamiata. La SCJN ordenó entonces mantener el estatus actual del territorio, reconociendo su pertenencia a Jalisco mientras se resuelve el juicio de fondo.

Cabe recordar que el pasado 13 de marzo de 2025, la Corte ya había exigido al municipio de El Nayar revertir otros actos violatorios, como el nombramiento ilegal de un juez auxiliar en dicha comunidad indígena.

La reciente incursión de Imelda Escobedo vuelve a encender las tensiones en un caso que subraya la fragilidad de los límites territoriales en México y la necesidad de respetar tanto la legalidad como la autonomía de los pueblos originarios.

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